CRedacción Capitol·1 de septiembre de 2026·5 min de lectura
La Comisión Europea evalúa la notificación italiana y la ampliación de 15 días, mientras no ha recibido la comunicación española anunciada por Sánchez
La Comisión Europea sigue sin pronunciarse sobre la legalidad de los controles fronterizos que Italia impuso a ciudadanos no comunitarios procedentes de España, un mes después de su anuncio. El portavoz europeo de Interior, Marius Lambert, confirmó que Bruselas está evaluando la notificación presentada por el Gobierno de Giorgia Meloni, pero aún no ha emitido un veredicto sobre su conformidad con la legislación europea.
Lo llamativo del caso es que, sin resolver la primera notificación, la Comisión ya ha recibido una segunda comunicación italiana: la ampliación de las medidas fronterizas por otros quince días, anunciada este lunes por las autoridades transalpinas. Este mecanismo de prórrogas sucesivas está previsto en el Código de Fronteras Schengen, que permite a los Estados miembro reactivar controles en sus fronteras interiores ante amenazas graves, siempre que sean proporcionales y limitados en el tiempo, con un máximo de dos años de duración total.
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Sin embargo, la situación con España presenta un contraste notable. A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la misma medida para España apenas media hora después del comunicado italiano, el portavoz de la Comisión Europea aseguró que Bruselas aún no ha recibido la notificación oficial española. Este retraso en la comunicación formal no es un caso aislado: el texto fuente recuerda que el Ejecutivo español ya tardó ocho días en redactar la solicitud de ayudas económicas para Ceuta tras el anuncio de la ministra portavoz, Elma Sáiz.
La falta de pronunciamiento de Bruselas también afecta a Francia, que reforzó sus controles fronterizos casi al mismo tiempo que Italia. No obstante, el Gobierno francés justificó sus medidas como controles aleatorios, una distinción técnica que, según el texto fuente, no altera su efecto práctico respecto a los impuestos por Italia, pero que podría influir en la evaluación legal de la Comisión.
El marco legal que ampara los controles en Schengen
El Código de Fronteras Schengen, base jurídica que regula la libre circulación en el espacio europeo, establece que los Estados miembro pueden reintroducir controles temporales en sus fronteras interiores en situaciones excepcionales. Estas medidas deben responder a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, y su aplicación debe ser proporcional y limitada en el tiempo. Además, el código permite prórrogas sucesivas, pero con un tope máximo de dos años desde la primera activación.
La normativa también exige que los Estados notifiquen a la Comisión Europea cualquier decisión de este tipo, así como sus ampliaciones. Esta obligación de comunicación es clave para que Bruselas pueda evaluar si las medidas se ajustan a los requisitos legales. En el caso italiano, la notificación inicial y su ampliación ya han sido remitidas, mientras que la española, anunciada públicamente por Sánchez, sigue sin llegar a las instituciones europeas, según la información facilitada por Europa Press.
El precedente de Ceuta y los plazos de reacción del Gobierno español
El texto fuente señala un patrón en la actuación del Gobierno español: el retraso en la formalización de decisiones ya anunciadas. El ejemplo más reciente es la solicitud de ayudas económicas para Ceuta, donde el Ejecutivo tardó una semana en redactar el documento oficial tras el anuncio de la ministra Elma Sáiz. Este precedente sugiere que la demora en la notificación de los controles fronterizos a Bruselas podría responder a un mismo modus operandi.
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La falta de comunicación oficial a la Comisión Europea no impide, sin embargo, que España aplique las medidas en la práctica. No obstante, sin la notificación, Bruselas no puede evaluar su conformidad con el marco legal de Schengen, lo que deja en un limbo jurídico la decisión española. Mientras, Italia y Francia avanzan en sus procesos, con la diferencia de que París ha optado por una justificación técnica —controles aleatorios— que podría facilitar su validación.
El impacto en la libre circulación y las relaciones entre Estados
La reintroducción de controles fronterizos, aunque temporal, tiene implicaciones directas en la libre circulación dentro del espacio Schengen. En el caso de Italia, la medida afecta específicamente a ciudadanos no comunitarios que lleguen desde España, lo que podría generar fricciones en el flujo de personas y mercancías entre ambos países. La ampliación por quince días anunciada este lunes refuerza la percepción de que Roma considera la situación lo suficientemente grave como para mantener las restricciones.
Por su parte, Francia ha adoptado una postura similar, aunque con una justificación distinta. Al calificar sus controles como aleatorios, el Gobierno francés podría estar buscando un encaje legal más sencillo dentro del Código de Fronteras Schengen. Sin embargo, el texto fuente subraya que, en la práctica, el efecto es el mismo: un endurecimiento de los controles que limita la libre circulación.
La ausencia de una notificación española oficial deja a España en una posición de desventaja en el diálogo con Bruselas. Mientras Italia y Francia ya han puesto en marcha sus mecanismos y han informado a la Comisión, el Gobierno de Sánchez sigue sin formalizar su decisión, lo que podría retrasar cualquier evaluación por parte de las instituciones europeas. Este retraso, sumado al precedente de Ceuta, refleja una tendencia en la gestión administrativa del Ejecutivo que podría tener consecuencias en la agilidad de sus respuestas a crisis o situaciones excepcionales.
La Comisión Europea, por su parte, se limita a evaluar las notificaciones recibidas sin pronunciarse sobre casos no comunicados oficialmente. Esta postura deja en manos de los Estados miembro la responsabilidad de ajustarse a los plazos y requisitos legales, pero también genera incertidumbre sobre el marco jurídico que ampara medidas ya en vigor.
