CRedacción Capitol·3 de septiembre de 2026·2 min de lectura
El documento de 55 páginas documenta el «guiado activo» de inmigrantes por agentes marroquíes, uniformados y de paisano
Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha desmentido la versión del Gobierno sobre la crisis migratoria en Ceuta, al documentar un «guiado activo» de inmigrantes por parte de agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, durante el asalto a la frontera.
El documento, de 55 páginas y remitido a la Audiencia Nacional, incluye 32 imágenes que muestran a 11 agentes uniformados y 21 personas de civil actuando de forma coordinada para facilitar el cruce masivo. Según el análisis, los uniformados daban indicaciones para superar obstáculos y organizaban el acceso de vehículos, mientras que los no uniformados monitorizaban el terreno e impartían instrucciones a los migrantes, incluso indicándoles cruzar por el agua en el espigón de El Tarayal.
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El informe descarta que las mafias tuvieran capacidad para organizar una operación de esa escala y en horarios tan definidos, y señala una «planificación previa» con «autoría intelectual anterior» y «autoría material simultánea». Además, destaca la «total permisividad» de la policía marroquí durante más de 48 horas, sin intentar dispersar a la masa fronteriza. Un dato clave es que alrededor del 90 % de quienes cruzaron regresó a Marruecos en pocas horas, lo que sugiere un objetivo de colapsar el sistema de gestión fronteriza español.
El Ministerio del Interior y el director general de la Policía han respondido que el documento no atribuye explícitamente la planificación a las autoridades marroquíes, al basarse en fuentes abiertas y redes sociales. Sin embargo, la discrepancia entre el contenido del informe y la postura oficial ha generado una crisis interna y reabierto el debate sobre las alertas previas que el Gobierno negó haber recibido.
La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, deberá ahora valorar si los elementos documentados configuran una acción concertada. El informe no cierra el caso judicial ni identifica a responsables políticos, pero sí contradice el discurso oficial que atribuía el suceso a mafias y desinformación.
