El PSOE y Nueva Canarias decidieron abstenerse tras una tramitación bronca que dividió a la comunidad educativa
Las claves
- La norma reconoce la condición de autoridad pública del profesorado y su derecho a protección.
- La administración debe garantizar asistencia psicológica y jurídica gratuita a docentes agredidos.
- Se registraron 27 agresiones a profesores en el curso 2024-2025 y 42 en el 2025-2026.
El Parlamento de Canarias aprobó la Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado con el apoyo del cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI) y Vox.
La norma recuerda y aglutina derechos ya otorgados a los profesores, argumentando que «lo que no se conoce parece que no existe», según el ejecutivo regional. El texto reconoce la condición de autoridad pública y el derecho a la protección de los equipos directivos y del personal docente.
Los hechos constatados por la autoridad docente tendrán valor probatorio y presunción de veracidad siempre que no exista prueba contraria.
La administración educativa debe garantizar asistencia psicológica y jurídica gratuita a los docentes agredidos, amenazados, coaccionados o acosados, tanto física como digitalmente. Durante el curso 2024-2025 se registraron 27 agresiones a profesores y en 2025-2026 el número subió a 42 casos.
Mónica Ramírez, directora general de Personal de la Consejería de Educación, aseguró que los incidentes siguen creciendo tanto por parte del alumnado como de la familia. El objetivo de la norma es «abrir los ojos» y dejar claro que este tipo de actuaciones no quedan sin consecuencias.
Se crea una oficina de apoyo y asesoramiento al profesorado que se sumará a la recientemente creada Unidad para el Bienestar. La Consejería está realizando evaluaciones de riesgos psicosociales porque los profesores viven un estrés muy alto en las aulas.
Los alumnos y sus familias están obligados a reparar los daños causados a instalaciones, equipamientos informáticos o cualquier otro material del centro, ya sea intencional o por negligencia.
Pedro Crespo, del sindicato ANPE, sostuvo que hay un aumento de la desautorización del profesorado. El alumnado lamentó que la tramitación de la norma haya generado un debate «muy poco edificante, casi de enfrentamiento entre sectores de la comunidad educativa».
Daniel Gallart, portavoz de la Unión de Estudiantes de Canarias, calificó la situación como lo contrario a lo que se debe aspirar. Sergio de la Fe, representante de familias en el Consejo Escolar, negó la existencia de cifras que justifiquen reforzar la autoridad docente y denunció que se sitúa al funcionario por encima del ciudadano.
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