Marco Morala decreta un contrato de emergencia para limpiar Bouzas y Manzanedo de Valdueza, donde fallecieron dos mujeres
El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha solicitado este domingo la colaboración de la Junta de Castilla y León para acelerar las tareas de limpieza y desescombro en dos localidades de la comarca del Bierzo, tras el fallecimiento de dos mujeres por aludes de agua, lodo y piedras. El Ayuntamiento ha activado un contrato de emergencia para restaurar las infraestructuras municipales afectadas en Bouzas y Manzanero de Valdueza.
La avalancha, que también dejó varios heridos, ha obligado al consistorio a priorizar la recuperación de los servicios básicos. Morala ha destacado la necesidad de «restituir en el plazo más breve posible» la normalidad en las zonas damnificadas, aunque no ha concretado plazos ni el coste estimado de las intervenciones. La Junta, gobernada por el PP en coalición con Vox, no ha respondido aún a la petición formal.
El contrato de emergencia, figura legal prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para casos de catástrofes, permite al Ayuntamiento actuar sin licitación previa. Este mecanismo se ha utilizado en otras ocasiones en Castilla y León, como durante las inundaciones de 2023 en Salamanca, donde la Junta destinó 1,2 millones de euros para reparaciones urgentes. En este caso, sin embargo, el Gobierno autonómico no ha anunciado aún partidas específicas para Ponferrada.
Las localidades afectadas, Bouzas y Manzanero de Valdueza, son núcleos rurales con menos de 200 habitantes cada una, según el padrón municipal. Su aislamiento geográfico y la orografía montañosa del Bierzo complican las labores de acceso y limpieza, según fuentes del consistorio. La Guardia Civil investiga las causas del desprendimiento, aunque testimonios locales apuntan a lluvias intensas en las horas previas.
El suceso se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ayuntamiento de Ponferrada —gobernado por el PSOE con apoyo de IU— y la Junta de Castilla y León. En julio, el alcalde criticó la «falta de inversión» en infraestructuras rurales, tras el recorte del 30% en las ayudas autonómicas para mantenimiento de caminos vecinales.
Fuente: ABC







