CRedacción Capitol·2 de septiembre de 2026·4 min de lectura
Ángel Víctor Torres descarta reformar la Ley de Extranjería y apuesta por agilizar los expedientes, mientras 1.612 menores siguen en la ciudad
El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce internamente que la normalización de la situación en Ceuta no se producirá en semanas, sino en meses, lo que ha llevado a posponer indefinidamente la visita del Rey Felipe VI a la ciudad autónoma. Esta admisión, aunque no ha sido hecha pública, refleja la complejidad legal y administrativa que enfrenta el Ejecutivo para gestionar la crisis migratoria actual.
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la crisis, Ángel Víctor Torres, zanjó este martes cualquier posibilidad de reformar la Ley de Extranjería para agilizar las devoluciones en caliente. «Este es el marco legal que tenemos. Modificar la ley tiene sus plazos, sus dificultades», declaró, cerrando la puerta a cambios normativos tanto para la urgencia actual como para blindar el rechazo en frontera en el futuro. La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio impide, de hecho, devolver a los inmigrantes que entran a nado, lo que ha convertido la ley en un «corsé» para el Ejecutivo.
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Torres defendió que todos los inmigrantes que entraron los días 30 y 31 de julio serán devueltos «acorde a la ley», pero la realidad es más compleja. De los 214 expulsados hasta ahora, todos lo fueron por haber sido detenidos por delinquir, lo que permitió su salida inmediata. Los demás, mayoritariamente marroquíes mayores de edad, requieren un proceso individualizado: filiación, apertura de expediente y posible recurso, además de la confirmación por parte de Marruecos de su nacionalidad. Este último paso, según el Gobierno, sigue «agarrado» por el reino alauí, que no acelera los trámites.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, insistió este martes en que «no hay ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara» en la crisis, una postura que choca con las demandas de agilidad por parte de las autoridades ceutíes y de sectores de la oposición.
Los menores no acompañados, el principal escollo legal
El caso de los menores no acompañados añade una capa adicional de complejidad. Aunque la regla general es la repatriación, el interés superior del menor prima sobre cualquier otra consideración. Hasta el momento, se han filiado 1.612 menores en Ceuta, de los cuales 1.129 lo fueron después del 30 de julio. El Gobierno desconoce cuántos quedan por identificar, y la presión desde Sumar —con su ministra de Juventud e Infancia al frente— es clara: que sean derivados a las comunidades autónomas, como ya ocurrió con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que obligó a las autonomías a acogerse por cupos a estos menores. Aquella modificación recordó Torres, tardó dos años en aprobarse y finalmente se resolvió mediante un real decreto ley por falta de acuerdo con el PP.
Refuerzos humanos y económicos para agilizar los trámites
Ante la imposibilidad de cambiar la ley, el Ejecutivo ha optado por «acortar al máximo» los plazos de la normativa actual. Para ello, el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Ceuta pactaron el lunes aumentar el número de abogados de oficio de tres a dieciocho. A este refuerzo se suman dos jueces adicionales, medio centenar de policías nacionales y 11 funcionarios desplazados para atender las solicitudes de asilo. El objetivo es acelerar los expedientes, pero el Gobierno es consciente de que camina sobre un terreno resbaladizo.
El precedente de mayo de 2021 pesa en la memoria del Ejecutivo. Tras la avalancha migratoria por el Tarayal, la Justicia condenó a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta primera del Gobierno ceutí por un delito de prevaricación administrativa al intentar agilizar las repatriaciones de menores de edad. Torres recordó este episodio y afirmó que ninguna de las dos «merecían tal condena», subrayando que «los expedientes son como son» y que «hay procedimientos garantistas que tenemos que respetar».
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309 millones y 6.000 plazas para una crisis sin fecha de fin
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que moviliza 309 millones de euros —más otros 50 millones en avales— para este cuatrimestre. Además, el Gobierno ha dispuesto ya 3.400 plazas adicionales y espera llegar a 6.000 en breve. Sin embargo, estas medidas no han logrado disipar la imagen de una administración incapaz de restaurar la normalidad en Ceuta. Los habitantes de la ciudad autónoma volverán a salir este miércoles a la calle para protestar por el abandono, una movilización que se replicará en decenas de ayuntamientos de toda España.
La crisis ha dejado también cifras reveladoras: 3.500 inmigrantes han abandonado voluntariamente Ceuta desde el 10 de agosto ante la falta de oportunidades, una salida que, sin embargo, no resuelve el problema de fondo. El Gobierno, por su parte, sigue sin encontrar una solución definitiva, atrapado entre las restricciones legales, la presión de sus socios parlamentarios y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento con el PP en un tema, el migratorio, que hasta ahora siempre ha manejado desde la confrontación.
