Actualización (30 de septiembre a las 01:32):
Ángel Viveros, alcalde socialista, deberá informar tras el aumento del CERA en municipios clave de Madrid
El Partido Popular (PP) ha solicitado al Ayuntamiento de Coslada, gobernado por el PSOE, un informe detallado sobre el impacto de la llamada ley de nietos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) del municipio. La petición llega tras detectarse un aumento significativo en los registros de este censo en localidades madrileñas como Tres Cantos y Madarcos, donde el PP alerta sobre posibles alteraciones en el ciclo electoral que comienza en 2027.
Ángel Viveros, alcalde de Coslada por el PSOE, deberá responder a la solicitud del PP, que exige transparencia sobre cómo la aplicación de la ley de nietos —que permite a descendientes de españoles exiliados durante la dictadura recuperar la nacionalidad— está modificando el padrón electoral. El partido conservador teme que estos cambios puedan influir en los resultados de las próximas elecciones municipales, previstas para el próximo año.
La ley de nietos, aprobada en 2022, ha generado controversia por su posible impacto en el censo electoral. Mientras el PSOE y otras fuerzas de izquierda la defienden como una medida de justicia histórica, el PP y sectores de la derecha la critican por considerar que puede alterar el equilibrio político en municipios donde la inmigración y la naturalización han sido clave en los últimos años. En el caso de Coslada, el PP busca evitar sorpresas en el padrón antes de las elecciones de 2027, cuando el municipio podría ser clave en la estrategia electoral de la Comunidad de Madrid.
El CERA es un registro específico para ciudadanos españoles que residen en el extranjero, pero su actualización en municipios como Tres Cantos y Madarcos ha llamado la atención del PP. Según datos preliminares, el aumento en estos registros podría estar vinculado a la aplicación de la ley de nietos, aunque el Ayuntamiento de Coslada aún no ha confirmado oficialmente esta relación. La solicitud del PP busca aclarar si estos cambios afectarán a la representación política en el municipio y, en última instancia, en la correlación de fuerzas en la Comunidad de Madrid.
Actualización (29 de septiembre a las 21:12):
Los letrados del Congreso recomiendan a la Mesa de Educación no incluir el derecho al voto de los nacionalizados por esta vía hasta que demuestren arraigo, lo que podría frustrar la estrategia de Sumar
Sumar podría perder su estrategia para incluir el derecho al voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ en la nueva Ley de Educación, tras el criterio de los letrados del Congreso remitido el martes a los grupos parlamentarios. Según la propuesta técnica, la Mesa de Educación debería excluir este punto hasta que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente el recurso que suspendió el derecho al voto de estos ciudadanos.
La medida busca evitar que la inclusión de este artículo en la ley educativa sea recurrida y bloqueada por el alto tribunal, como ya ocurrió con la suspensión de 2024 que obligó a los afectados a demostrar arraigo en el territorio donde fueron inscritos.
La decisión de los letrados llega en un momento clave, ya que la Comisión de Educación del Congreso debe decidir en las próximas semanas si incluye o no este punto en el texto final de la ley, que podría aprobarse antes de final de año.
El Tribunal Supremo suspendió el voto de los nacionalizados en 2024
El Tribunal Supremo suspendió en 2024 el derecho al voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ hasta que demuestren arraigo en el territorio donde fueron inscritos, una medida que afectó a miles de personas. Esta suspensión se basó en un recurso del Partido Popular (PP) que cuestionaba la constitucionalidad de la ley, argumentando que el proceso de nacionalización no garantizaba la vinculación real de estos ciudadanos con España.
La estrategia de Sumar consistía en colar este derecho en la Ley de Educación para sortear la suspensión del Supremo, ya que una ley orgánica como la educativa tiene un rango superior y sería más difícil de recurrir. Sin embargo, los letrados del Congreso han advertido de que incluso en este caso, el alto tribunal podría anular el artículo si considera que vulnera la Constitución.
La Mesa del Congreso podría retirar el derecho al voto de la ley educativa
Sumar pierde una oportunidad para avanzar en la regularización de los afectados por la ‘ley de nietos’, una de sus banderas históricas. Si la Mesa del Congreso sigue el criterio de sus letrados, el derecho al voto quedaría fuera de la ley educativa y debería tramitarse por otra vía, posiblemente más lenta y compleja.
El PP, principal impulsor del recurso que llevó a la suspensión del Supremo, vería reforzada su postura al evitar que se incluya este punto en una ley orgánica, lo que dificultaría aún más su derogación. Por su parte, el PSOE, aunque no ha sido explícito en su postura, podría verse presionado para buscar alternativas si la estrategia de Sumar fracasa.
El Tribunal Supremo, por su parte, mantendría su autoridad en la interpretación de la Constitución, evitando que los partidos eludan sus resoluciones mediante leyes orgánicas. La decisión final dependerá de si la Mesa del Congreso acata el criterio de sus letrados o busca una fórmula alternativa para incluir el artículo.
Los afectados por la ‘ley de nietos’ —alrededor de 150.000 personas según estimaciones de asociaciones como Abuelas de Plaza de Mayo— verían retrasada su regularización, ya que el derecho al voto es uno de los requisitos clave para su plena integración.
Actualización (29 de septiembre a las 15:07):
El PP denuncia una maniobra para modificar la Ley de Memoria Democrática por la puerta trasera, mientras los letrados del Congreso cuestionan su conexión con el proyecto educativo
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reavivado el debate sobre la llamada ‘ley de nietos’ al incluir una enmienda en el proyecto de reforma educativa que podría modificar la Ley de Memoria Democrática de 2022. La propuesta, presentada por Sumar, busca presumir la condición de exiliados a quienes abandonaron España entre 1936 y 1955, un cambio que el PP califica de ‘maniobra’ para alterar las reglas de acceso a la nacionalidad española.
La polémica estalla tras un informe del letrado de la Comisión de Educación del Congreso, Fernando Dorado Frías, que califica la enmienda 63 —presentada por Sumar— como ‘incongruente’ con el objeto del proyecto educativo. El documento, fechado el 24 de septiembre, advierte de que no existe ‘el mínimo punto de conexión material’ entre ambas iniciativas, ya que la reforma educativa aborda temas como ratios de alumnos o condiciones laborales de docentes, mientras que la enmienda afecta a criterios de nacionalidad.
El letrado recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de que las enmiendas guarden una relación lógica con el texto base. Aunque el informe no ordena retirar la enmienda, deja en manos de la Mesa de la Comisión de Educación su admisión a trámite, lo que podría abrir un nuevo frente parlamentario.
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de intentar ‘alterar el censo electoral’ mediante cambios legislativos ‘injustificados’. Los populares vinculan esta polémica con la instrucción de Sofía Puente, cuya legalidad cuestionan, y exigen explicaciones a Sánchez y Yolanda Díaz sobre los pasos siguientes.
Sumar, por su parte, había asegurado que esperaría al criterio de los letrados antes de continuar con la iniciativa. Sin embargo, el PP insiste en que el procedimiento parlamentario debe respetar los límites constitucionales, advirtiendo de que, si se mantiene la enmienda, habrá que justificar su tramitación en un proyecto ajeno.
La enmienda 63 modifica la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática para presumir la condición de exiliados a quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Este cambio podría facilitar el acceso a la nacionalidad española para descendientes de republicanos, un tema sensible en el debate político actual.
El informe jurídico: ¿por qué la enmienda podría ser ilegal?
El informe de Fernando Dorado Frías, letrado de la Comisión de Educación, es clave para entender el conflicto. Según el documento, la enmienda 63 no solo carece de conexión con el proyecto educativo, sino que fue presentada ‘sin justificación alguna’. Esto contrasta con la jurisprudencia constitucional, que exige que las enmiendas respeten el objeto de la ley en la que se insertan.
El artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho de participación parlamentaria, pero también establece límites para evitar abusos. El letrado advierte de que ignorar estos requisitos podría vulnerar el procedimiento legislativo, aunque no ordena su retirada. La decisión final recae en la Mesa de la Comisión, que deberá valorar si la enmienda cumple con los criterios de congruencia.
El PP ha utilizado este informe para reforzar su crítica, argumentando que Sumar busca ‘colarse’ en la reforma educativa para modificar una ley ya aprobada. ‘No se puede usar un proyecto de ley para cambiar otra cosa’, señalan fuentes populares, que insisten en que el Gobierno debe aclarar sus intenciones.
PSOE y Sumar buscan ampliar derechos de exiliados republicanos
Para el PSOE y Sumar, la enmienda representa una oportunidad para ampliar los derechos de los descendientes de exiliados republicanos, un colectivo históricamente marginado. Sin embargo, el PP ve en ella una estrategia para eludir el debate público y aprobar cambios sin el consenso necesario.
El Gobierno de Sánchez, por su parte, se enfrenta a una presión adicional: la polémica coincide con la instrucción de Sofía Puente, que cuestiona la legalidad de la ‘ley de nietos’. El PP ha vinculado ambos temas, acusando al Ejecutivo de intentar ‘manipular’ el censo electoral mediante reformas legislativas.
La Mesa de la Comisión de Educación tendrá ahora la última palabra. Si rechaza la enmienda, Sumar podría recurrir a otros mecanismos parlamentarios, como una proposición de ley independiente. Si la admite, el debate se trasladará al pleno, donde el PP podría bloquearla con su apoyo a la oposición.
Lo que está claro es que este episodio podría tener consecuencias más allá de la reforma educativa. Si se confirma que Sumar intentó modificar la Ley de Memoria Democrática por la puerta trasera, el Gobierno se vería obligado a explicar sus motivaciones en un contexto ya tenso, con el PP y Vox presionando para revertir cambios recientes en políticas de memoria histórica.
La decisión de la Mesa podría tomarse en las próximas semanas, pero el debate ya ha trascendido el ámbito parlamentario. Organizaciones de derechos humanos han mostrado su apoyo a la enmienda, mientras que sectores conservadores la ven como un intento de ‘revisar’ la historia reciente de España.
Actualización (29 de septiembre a las 12:38):
El alcalde de Cáceres apuesta por el consenso y la normalidad política en un foro de ABC, en un contexto de creciente división social
Rafa Mateos, alcalde de Cáceres desde 2023, ha roto el martes con el tono polarizado que domina el debate político español al reivindicar en el Foro ABC la «normalidad» y el consenso como ejes de su gestión municipal.
En un contexto donde la división política se ha extendido a casi todos los ámbitos de la sociedad, Mateos —de 43 años y nacido en la capital extremeña— ha defendido su postura como la de un «cacereño más», alejada de los discursos confrontativos. Su objetivo declarado es «eliminar los complejos» de una ciudad que, según su visión, debe proyectar confianza y unidad.
Mateos no ha evitado mencionar al Gobierno central en su discurso, aunque sin entrar en confrontación directa. En un momento en que el Tribunal Supremo analiza decisiones clave del Ejecutivo —como la gestión de la crisis migratoria en Ceuta—, el alcalde ha optado por centrar su mensaje en lo local, donde su partido, Ciudadanos, gobierna en solitario con mayoría absoluta desde 2023.
Su estrategia contrasta con la de otros líderes políticos extremeños, como el presidente regional Guillermo Fernández Vara (PSOE), quien ha mantenido un discurso crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez en temas como la financiación autonómica. Mientras, en Cáceres, Mateos apuesta por un relato de estabilidad, aunque sin ocultar los desafíos: la ciudad extremeña enfrenta tensiones en servicios públicos y atracción de talento, temas que su gobierno aborda con planes específicos.
El foro de ABC, donde Mateos ha expuesto su visión, se enmarca en una serie de encuentros que buscan analizar el estado de la política española. Su intervención, centrada en la «normalidad», llega en un momento en que partidos como Vox y PP intensifican su crítica al Gobierno, mientras Sumar y Podemos defienden su agenda progresista. Cáceres, con una población de 94.000 habitantes, se convierte así en un caso de estudio: ¿puede un gobierno local escapar a la polarización nacional?
Actualización (29 de septiembre a las 01:31):
El Ministerio de Justicia admite que el mecanismo, diseñado para víctimas de la Guerra Civil, ya beneficia a familias sin vinculación directa con el franquismo
El Ministerio de Justicia ha perdido el control sobre la aplicación de la llamada ‘ley de nietos’, que ahora nacionaliza a descendientes de emigrantes españoles del siglo XIX y no solo a víctimas del franquismo. Fuentes cercanas al proceso de concesión de la nacionalidad describen el fenómeno como una ‘ley de bisnietos’, al extenderse a generaciones posteriores sin conexión directa con la represión política.
La Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, aprobada en 2022, fue concebida originalmente para reparar a quienes huyeron por persecución durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, su aplicación práctica ha derivado en un mecanismo masivo de nacionalización que abarca a familias sin relación con el conflicto bélico, incluyendo descendientes de emigrantes que abandonaron España a finales del siglo XIX.
La ampliación del alcance se produce sin un límite claro en el tiempo o en los vínculos familiares, lo que permite que personas sin antecedentes de represión política accedan a la nacionalidad española. Según las fuentes consultadas, el criterio inicial —centrado en víctimas directas del franquismo— se ha diluido en favor de un enfoque más amplio, basado en la descendencia, sin distinción de generaciones o motivaciones históricas.
El Ministerio de Justicia, responsable de gestionar el proceso, no ha establecido un marco específico para frenar esta deriva, lo que ha generado críticas internas sobre la falta de precisión en la aplicación de la ley. La medida, que en su origen buscaba reparar injusticias históricas, ahora se enfrenta a un debate sobre su legitimidad y su impacto en la identidad nacional.
El origen de la ley y su evolución
La ‘ley de nietos’ fue aprobada en 2022 como parte de la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de facilitar la obtención de la nacionalidad española a descendientes de quienes sufrieron persecución política durante la Guerra Civil y el franquismo. El texto original establecía requisitos claros: los solicitantes debían demostrar su vínculo con víctimas de la represión, lo que limitaba el alcance a generaciones directamente afectadas.
Sin embargo, en la práctica, la interpretación de los criterios de elegibilidad se ha flexibilizado, permitiendo que personas sin conexión directa con el conflicto accedan a la nacionalidad. Este cambio ha sido posible gracias a la falta de un marco regulatorio detallado que defina con precisión quiénes pueden beneficiarse de la ley, lo que ha abierto la puerta a interpretaciones más amplias.
El Ministerio de Justicia, en declaraciones no oficiales, ha reconocido que el proceso de concesión de la nacionalidad se ha visto afectado por esta ampliación no prevista, aunque no ha detallado medidas concretas para revertirla. La situación refleja un desajuste entre el espíritu original de la ley —reparar a víctimas concretas— y su aplicación real, que ha derivado en un fenómeno masivo sin precedentes.
La ley de bisnietos amplía la nacionalidad a descendientes de emigrantes
La transformación de la ‘ley de nietos’ en una ‘ley de bisnietos’ plantea cuestiones legales y políticas significativas. Por un lado, existe el riesgo de que la medida pierda su finalidad inicial, diluyendo su impacto en las víctimas reales del franquismo. Por otro, la falta de claridad en los criterios de aplicación podría generar demandas judiciales y críticas desde sectores que cuestionan la legitimidad de la nacionalización masiva.
Políticamente, el tema podría afectar a partidos con posturas distintas sobre la memoria histórica. Mientras algunos sectores ven en la ley una herramienta de justicia social, otros la consideran un instrumento que beneficia a grupos sin vínculo directo con la represión. La falta de consenso sobre su alcance podría agravar tensiones en un debate ya polarizado.
El Ministerio de Justicia, ante la presión por clarificar el proceso, podría verse obligado a revisar los criterios de concesión de la nacionalidad. Sin embargo, cualquier cambio en este sentido podría generar rechazo entre quienes ya han accedido a la nacionalidad bajo la interpretación actual de la ley.
Actualización (28 de septiembre a las 22:16):
La magistrada Alicia Millán firma el único voto discrepante contra la decisión del tribunal, que el texto sitúa en la tradición de recelos históricos al sufragio
El Tribunal Supremo ha respaldado que los descendientes del exilio español accedan a una ciudadanía honoraria en lugar de al derecho al voto, según recoge un artículo de opinión publicado en El País. La decisión cuenta con la salvedad de la magistrada Alicia Millán, única discrepante dentro del tribunal. El texto compara este criterio con el de quienes defendían que una cosa era la libertad y otra el libertinaje, para señalar que el Supremo sostiene ahora que una cosa es votar y otra el voto sin control.
La pieza periodística, firmada como columna de opinión, sostiene que el tribunal ha establecido que el derecho al sufragio no puede ejercerlo cualquier ciudadano español. El artículo plantea que la reparación histórica para los descendientes del exilio se limitaría, con este criterio, a una ciudadanía honoraria. La autora del texto califica esa fórmula de insulto si se queda en ese punto.
El precedente del voto de los musulmanes en Ceuta y Melilla
El texto recupera el debate que se abrió en 1985, cuando España iba a entrar en Europa, sobre el voto de los musulmanes de Ceuta y Melilla. Aquellos residentes, pese a ser hijos, nietos y bisnietos de ceutíes y melillenses, no tenían la nacionalidad española. El argumento que se esgrimió entonces en contra fue que montarían un partido islamista y anexionarían las ciudades a Marruecos. Cuarenta años después, según el artículo, todos esos nacionalizados y sus descendientes muestran un patriotismo español que no tiene Abascal.
La columna enmarca la decisión del Supremo en una tradición más amplia de resistencias a ampliar el censo electoral. Recuerda que las hemerotecas están llenas de alegatos contra las ampliaciones del derecho al sufragio. Los más conocidos fueron los que se usaron contra las mujeres, que en España esgrimió la izquierda, temerosa de que las amas de casa dominadas por los curas votasen en masa a las derechas. Antes hubo también recelos contra los pobres, con el argumento de cómo iban a votar los pordioseros.
El exilio como magnitud estadística
El artículo sostiene que el proceso ha sacado a la luz a muchísimos nietos con derecho a la nacionalidad. Para la autora, ese dato revela en términos estadísticos fríos y crueles la magnitud del exilio. Se refiere a la cantidad de compatriotas que se vieron expulsados de su país por la violencia y el brutalismo. Le estremece que, dos generaciones después, se les siga tratando con soberbia y sospecha, como una cohorte de antiespañoles, en la más vieja tradición española.
La pieza describe a los descendientes del exilio como sujetos de una reparación histórica. Señala que no sigue las tertulias de la radio y que, a lo peor, tiene una visión de España filtrada por las batallitas de sus abuelos, enemigos sin matices del franquismo. Añade que viven aturdidos por Bad Bunny y Shakira, sin que les suene un estribillo de Manolo Escobar.
La autora aclara que no le inquieta que se amplíe el censo. Explica que no concibe el censo como un club privado con gorilas en la puerta, sino como una aspiración lo más universal posible. Lo que le inquieta, según escribe, es que este proceso haya sacado a la luz a tantísimos nietos con derecho a la nacionalidad.
El texto cierra con una clasificación temática que vincula el asunto con la Guerra Civil española, el exilio, la memoria histórica, el Tribunal Supremo, el poder judicial, las elecciones y el censo electoral.
Carlos, un argentino con pasaporte español desde 2020, encarna el dilema: rechaza a Sánchez pero desconfía de que la derecha resuelva su expediente pendiente en el consulado
Más de cuatro millones de hispanoamericanos con ciudadanía española —como Carlos, un argentino que llegó a Madrid hace seis años— ven cómo su situación se complica por la polarización política. Aunque muchos, como él, votan tradicionalmente a la derecha por su experiencia con gobiernos de izquierdas en sus países de origen, temen que la obsesión de la oposición por derrotar a Pedro Sánchez paralice soluciones concretas para sus trámites pendientes, como los expedientes de ciudadanía heredada que aguardan en consulados españoles.
Carlos, que obtuvo su pasaporte en 2020 gracias a la ley de memoria histórica, explica que su familia aún espera turno para regularizar su situación en el consulado argentino. Aunque apoya a la derecha por convicción, desconfía de que prioricen su caso frente a la batalla electoral. «La derecha habla mucho de España como Madre Patria, pero cuando se trata de resolver problemas reales, parece que solo ven el espejo de Moncloa», asegura.
El dilema refleja una realidad: según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, más del 60% de los hispanos en España tienen trámites pendientes de ciudadanía o regularización, muchos bloqueados por la falta de plazas en consulados o por cambios legislativos. Mientras, la derecha acusa al Gobierno de «descuido administrativo» y la izquierda responde que la solución pasa por más recursos, no por «demonizar» a los migrantes. Para Carlos, el problema no es ideológico, sino práctico: «Nadie nos escucha cuando decimos que no queremos ser rehenes de la política».
El caso de Carlos conecta con un fenómeno creciente: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 12% de los residentes extranjeros en España provienen de América Latina, y su peso electoral en municipios clave —como Madrid, Barcelona o Málaga— podría ser decisivo en las próximas elecciones. Sin embargo, ni el PP ni Sumar han incluido propuestas específicas para agilizar sus trámites en sus programas, centrando el debate en la inmigración irregular, no en la regular.
La tensión se agrava porque, según el Tribunal Supremo, los plazos para resolver expedientes de ciudadanía heredada se han alargado un 40% en los últimos dos años, afectando especialmente a argentinos, colombianos y venezolanos. Mientras, los partidos discuten en el Congreso, miles de familias como la de Carlos esperan en listas interminables. «No somos un arma electoral, somos personas que pagamos impuestos y queremos que nos traten como tales», resume Carlos, que este año votará por primera vez en España, pero sin saber aún a quién.
