CRedacción Capitol·2 de septiembre de 2026·1 min de lectura
La UCO de la Guardia Civil la sitúa en una trama concertada de subvenciones irregulares entre 2009 y 2012
La exdelegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Irene Aválete, ha sido vinculada por la Justicia a una presunta trama de malversación de fondos públicos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Según el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez José Ignacio Vilaplana, Aválete formaría parte del núcleo de una estructura «concertada» que habría concedido subvenciones de forma irregular entre 2009 y 2012.
Aválete, ex alto cargo del PSOE en Andalucía, ya había sido investigada con anterioridad por exigir a sus empleados hacer campaña para el partido «como los Testigos de Jehová» bajo amenaza de perder sus puestos de trabajo. Ahora, el nuevo informe judicial amplía el foco sobre su gestión al señalar su posible implicación en la desvío de recursos públicos a través del SAE, el organismo autonómico encargado de gestionar las políticas activas de empleo.
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El juez Vilaplana, instructor del caso Formación, analiza ahora si existió una red organizada dentro del SAE que manipuló los procedimientos de adjudicación de ayudas. El periodo investigado coincide con la etapa en la que el PSOE gobernaba Andalucía con mayoría absoluta, lo que añade un componente político a un caso que ya ha salpicado a otros cargos socialistas en la región.
La malversación de fondos públicos a través de subvenciones irregulares es un delito tipificado en el Código Penal español, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión. El caso Formación, uno de los más mediáticos de corrupción en Andalucía en la última década, ha generado ya varias condenas y sigue abierto a nuevas líneas de investigación.
