La presidencia irlandesa incluye la propuesta en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales del 22 de septiembre, tras la petición de la delegación española
El Gobierno español ha logrado que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea vuelva a la agenda europea el próximo 22 de septiembre. La cuestión, bloqueada desde julio de 2025, será tratada en el Consejo de Asuntos Generales de la UE tras la solicitud de la delegación española, que ha contado con el respaldo de la presidencia irlandesa de turno.
La inclusión en el orden del día no garantiza, sin embargo, un debate en profundidad ni la adopción de decisiones concretas durante la reunión. La delegación española dispondrá de unos minutos para exponer su postura, y otras delegaciones podrán intervenir a continuación. La última vez que el Ejecutivo llevó el tema a este foro fue en el verano de 2025, bajo la presidencia danesa, sin que se alcanzara un acuerdo.
La falta de unanimidad entre los Estados miembros ha impedido hasta ahora que la propuesta prospere. Una decena de países, liderados por Alemania, han expresado reservas sobre la iniciativa, lo que llevó a su archiva miento temporal en el Consejo de Asuntos Generales.
El origen de la demanda y su primer intento en 2023
El reconocimiento de estas lenguas como oficiales en la UE es una reclamación histórica del Parlament y el Govern catalanes, así como de otras instituciones autonómicas. El Estatut de Cataluña, aprobado en 2006, ya establecía que las instituciones catalanas y estatales velarían por su materialización. No obstante, el Gobierno no formalizó la petición ante las instituciones europeas hasta el 17 de agosto de 2023, coincidiendo con la presidencia rotatoria española del Consejo de la UE.
Este primer intento surgió como condición impuesta por Junts per Cataluña para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Sin embargo, las dudas de varios países europeos frustraron la iniciativa en aquel momento.
Los obstáculos: unanimidad, precedentes y costes económicos
El principal escollo para el reconocimiento de estas lenguas es la exigencia de unanimidad en el Consejo de la UE. Los países contrarios, entre los que se encuentran Alemania, Finlandia, Suecia, Croacia, Francia y Austria, argumentan que la medida podría sentar un precedente para el reconocimiento de otras lenguas minoritarias en Europa, como el bretón, el corso o incluso el ruso, dado el peso de la comunidad ruso hablante en los países bálticos.
Además, los servicios jurídicos del Consejo de la UE han señalado en un informe que el reconocimiento de lenguas cooficiales requeriría modificar los tratados europeos, una cuestión extremadamente sensible para los Veintisiete. Sería la primera vez que la UE aceptara como oficiales lenguas cuyo uso no es de ámbito nacional en los Estados miembros, lo que genera resistencias políticas.
El factor económico también pesa en el debate. La Comisión Europea ha calculado que la traducción e interpretación a estas lenguas podría suponer un coste anual de 132 millones de euros. Aunque el Gobierno español se ha comprometido a asumir estos gastos, algunos países temen que un futuro cambio de gobierno en Moncloa pueda dejar sin efecto este compromiso, al no ser legalmente vinculante.
El respaldo de cinco países y el siguiente paso
Entre los Estados miembros que han mostrado su apoyo a la propuesta, de manera más o menos explícita, destacan Bélgica, Irlanda, Portugal, Rumanía y Eslovenia. La inclusión del tema en el orden del día del 22 de septiembre, impulsada por la presidencia irlandesa, abre la puerta a que el debate se reactive, aunque sin garantías de que se avance hacia una decisión concreta.
La reunión del Consejo de Asuntos Generales del 22 de septiembre será, por tanto, la cuarta ocasión en la que España intenta llevar adelante esta iniciativa. Tras el primer intento en 2023, el Gobierno lo volvió a plantear en otras tres ocasiones: bajo las presidencias de Bélgica, Polonia y Dinamarca, sin éxito en ninguna de ellas.
El mecanismo para que la propuesta prospere exige superar el veto de los países contrarios, algo que, de momento, parece lejano. La resistencia se basa en el temor a que el reconocimiento de lenguas cooficiales abra una vía para peticiones similares en otros Estados miembros, así como en las dudas jurídicas y económicas que rodean la medida.
El marco legal y las competencias de la UE en materia lingüística
La Unión Europea reconoce actualmente 24 lenguas oficiales, que son las lenguas nacionales de sus Estados miembros. El Reglamento 1/1958 establece las normas sobre el uso de estas lenguas en las instituciones europeas, aunque su modificación requiere la unanimidad de los Veintisiete. El reconocimiento de lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego supondría un cambio sin precedentes en este marco, ya que no son lenguas nacionales en ningún Estado miembro.
Las competencias en materia lingüística recaen principalmente en los Estados miembros, pero la UE puede adoptar medidas para promover la diversidad lingüística. Sin embargo, el reconocimiento como lengua oficial implica obligaciones concretas en materia de traducción e interpretación, lo que explica las reservas de algunos gobiernos.
Fuente: El Periódico
