El Gobierno defendió durante días que no había pruebas contra Rabat, pero el documento abre dudas sobre su gestión y divide a la coalición
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta este jueves a un aislamiento parlamentario tras la difusión del informe policial remitido el martes a la Audiencia Nacional, que implica a gendarmes marroquíes en el asalto a la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio. El documento, aunque no acusa directamente a las autoridades de Marruecos de planificar o ejecutar la entrada masiva, sí sugiere que, como mínimo, habrían incurrido en dejación de funciones al no detectar la actividad de sus propios agentes dentro de sus filas.
Esta conclusión contradice la postura mantenida por el Ejecutivo hasta ahora, que había negado cualquier participación de Rabat en los hechos. El propio Sánchez, en declaraciones a la Cadena SER este lunes, aseguró que «no hay ninguna información» de las Fuerzas de Seguridad o del Centro Nacional de Inteligencia que apunte a la implicación de las autoridades marroquíes. «Niego la mayor precisamente porque no tengo esa información», añadió, mientras subrayaba que la cooperación con Marruecos era «francamente positiva» e «instantánea».
La filtración del informe ha puesto en jaque a varios ministros del Gobierno, especialmente a los que más lejos llevaron la defensa de Rabat. Entre ellos destacan el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Bolaños, en su comparecencia del jueves pasado en el Congreso, reiteró en varias ocasiones que «no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, liderado o impulsado la entrada masiva de personas en Ceuta». Incluso llegó a reprochar a los portavoces de la oposición, como la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que habían realizado «insinuaciones y ataques al Reino de Marruecos sobre la base de bulos y afirmaciones sin pruebas».
Saiz, por su parte, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes que «no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que aconteció». Además, acusó al PP de «abandonar la responsabilidad institucional» y de alimentar «bulos y desinformación» al señalar a Rabat. Albares, mientras tanto, introdujo la teoría de una «internacional reaccionaria» que habría actuado para desestabilizar a España y a la Unión Europea, y fue el más duro al criticar a los portavoces por sus afirmaciones sobre Marruecos.
La presión de los socios parlamentarios y la división en la coalición
La postura del Gobierno ha generado tensiones dentro de la coalición de progreso. Según adelantó El Confidencial, una parte de Izquierda Unida ya se ha planteado si es conveniente romper con el PSOE para evitar un mayor desgaste electoral. Este miércoles, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, planteó dos posibles dimisiones: la del director general de la Policía, Francisco Pardo, si se confirma que la Policía fue desleal con el Ministerio del Interior, o la del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si conocía la información del informe y no la transmitió.
El contenido del documento policial abre la incógnita de si el Gobierno ha estado gestionando la crisis de Ceuta sin conocer información relevante que obraba en poder de la Policía o si, por el contrario, la conocía pero prefirió ignorarla. Esta duda ya había sido planteada por todos los socios parlamentarios del PSOE durante la ronda de comparecencias de los ministros, incluso antes de que se conociera el informe.
El cambio de discurso de Sánchez y sus primeras declaraciones sobre Ceuta
Este jueves, con motivo del Día de Ceuta, Sánchez difundió un vídeo en sus redes sociales en el que reconoció que, para muchos ciudadanos, «hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente». Sin embargo, no pidió disculpas ni reconoció errores concretos, ni modificó su posición sobre Marruecos tras la filtración del informe. No obstante, es poco probable que el presidente del Gobierno pueda mantener al pie de la letra las afirmaciones que realizó hace solo tres días, cuando negó cualquier participación de Rabat en el asalto.
El día 31 de agosto, desde Ceuta, Sánchez definió el asalto a la frontera como un «ataque» y una «violación de la integridad territorial de España», pero exculpó a Marruecos, al que denominó «país aliado» y al que incluso agradeció su voluntad para materializar las repatriaciones. «Agradezco esa voluntad para que se materialicen cuanto antes esas repatriaciones», declaró entonces. Esta postura contrasta con los testimonios e indicios que se han acumulado en sentido contrario durante el último mes.
El informe policial y sus implicaciones políticas
El informe policial no solo cuestiona la versión del Gobierno sobre la implicación de Marruecos, sino que también plantea dudas sobre la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo. La posibilidad de que las autoridades marroquíes hayan incurrido en dejación de funciones al no detectar la actividad de sus gendarmes dentro de sus propias filas añade presión sobre Sánchez y su equipo. Además, la filtración del documento ha reavivado el debate sobre la transparencia y la comunicación interna del Gobierno, especialmente en un momento en el que la coalición de progreso ya mostraba signos de tensión.
La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto las diferencias entre los socios de la coalición, así como las tensiones internas dentro del propio PSOE. La presión de los socios parlamentarios, la división en IU y las críticas de la oposición han dejado al Gobierno en una posición comprometida, con un informe policial que contradice su postura inicial y que podría tener consecuencias políticas a corto y medio plazo.
El caso también ha revelado la fragilidad de la relación entre España y Marruecos, un país clave en la gestión migratoria y en la estabilidad de la región. La insistencia del Gobierno en exculpar a Rabat, incluso cuando los indicios apuntaban en otra dirección, ha generado desconfianza entre los socios parlamentarios y ha alimentado las críticas de la oposición, que acusa al Ejecutivo de priorizar la diplomacia sobre la verdad.
Fuente: El Confidencial
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