Actualización (24 de septiembre a las 20:46):
El caso de la anciana de 87 años desalojada en camilla fuerza un giro en el Ejecutivo: Sánchez abre negociaciones con Junts y el PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de desviar la atención
Maricarmen, una anciana de 87 años desalojada en camilla tras vivir 70 años en su casa, ha convertido su desahucio en el detonante que obliga al Gobierno a actuar. Este jueves, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció que el decreto de vivienda prometido en julio se aprobará «sí o sí» el próximo martes, mientras el PSOE reactiva negociaciones con Junts para convalidarlo en el Congreso. El caso, que Sumar lleva meses usando como argumento para presionar al PSOE, ha escalado hasta el punto de que Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificó la situación de «tragedia social» y exigió «altura de miras» a los grupos parlamentarios.
El desahucio, ejecutado en Madrid bajo el gobierno del PP, ha servido para que el PSOE intente desviar la responsabilidad hacia la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso defendió este jueves que en su región «se construye más vivienda protegida y libre» y acusó al Gobierno de no cumplir con su promesa de legislatura: «La de la vivienda». Mientras, dentro del Ejecutivo, las tensiones han escalado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó abiertamente a Sumar en redes sociales, acusando a sus miembros de «regalarle el gobierno a la ultraderecha» en lugar de resolver el problema de la vivienda. Fuentes de Sumar respondieron que Puente «ha elegido atacar a la izquierda» en un momento en el que se desahucian a mujeres de 87 años.
El decreto de vivienda, que debería haberse aprobado en julio, pero se retrasó por falta de apoyos, incluye medidas como la expropiación de viviendas para proteger a personas en riesgo de desahucio. Bustinduy advirtió que el objetivo es «mandar un mensaje a los fondos de inversión»: «No son bienvenidos y vamos a ilegalizar esa actividad». Sin embargo, el ministro también dirigió sus críticas a la derecha, recordando que el PP, Vox y Junts tumbaron en tres ocasiones la ley que protegía a Maricarmen contra los desahucios.
Mientras, el PSOE intenta negociar con Junts para lograr los votos necesarios en el Congreso. Fuentes del partido socialista confían en que los convergentes puedan encontrar margen para apoyar medidas concretas del decreto, aunque sus relaciones con el Gobierno llevan meses rotas. La presión social y la urgencia por evitar más casos como el de Maricarmen han acelerado un proceso que, hasta ahora, el Ejecutivo manejaba con cautela.
El contexto: un decreto prometido y retrasado
El decreto de vivienda que el Gobierno intenta aprobar ahora fue prometido en julio de 2026, pero su tramitación se ha visto obstaculizada por la falta de apoyos parlamentarios. En marzo, los ministros de Sumar amenazaron con no asistir a un Consejo de Ministros hasta que el PSOE aprobara una prórroga de alquileres, medida que finalmente fue tumbada en el Congreso. Ahora, el caso de Maricarmen ha forzado al Gobierno a priorizar su aprobación, incluso aunque implique negociar con partidos con los que mantiene tensiones, como Junts.
El retraso en la aprobación del decreto ha generado debate interno en el PSOE. Algunas voces consideran que el Ejecutivo debe colocar decisiones concretas sobre la mesa para evitar que el electorado perciba su impasibilidad ante la crisis de vivienda. La presión de Sumar, que ha denunciado la falta de acción del Gobierno, ha aumentado tras el desahucio de Maricarmen, especialmente después de que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, exigiera replantear la permanencia de la coalición en el Ejecutivo.
Las implicaciones: ¿un punto de inflexión en la legislatura?
El caso de Maricarmen ha puesto en evidencia las divisiones internas del Gobierno y la dificultad para aprobar medidas urgentes en materia de vivienda. Aunque el decreto que se negocia incluye medidas como la expropiación de viviendas para proteger a personas en riesgo de desahucio, su aprobación no resolverá el problema estructural de la crisis habitacional en España. El PP y Vox han criticado la gestión del Gobierno, mientras que Sumar exige acciones más contundentes.
La negociación con Junts es clave para lograr los votos necesarios en el Congreso. Fuentes del PSOE sugieren que los convergentes podrían encontrar margen para apoyar medidas concretas del decreto, aunque sus relaciones con el Gobierno han sido conflictivas en los últimos meses. La presión social y la urgencia por evitar más casos como el de Maricarmen han acelerado un proceso que, hasta ahora, el Ejecutivo manejaba con cautela.
Mientras, el PP insiste en que la crisis de vivienda es un problema que compete directamente al Gobierno central, a pesar de que las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. Isabel Díaz Ayuso ha utilizado datos para argumentar que Madrid es la región donde más vivienda protegida y libre se construye, aunque el caso de Maricarmen ha puesto en evidencia las carencias en la protección social.
El desahucio de Maricarmen ha servido para visibilizar un problema que lleva años afectando a miles de familias en España. Aunque el Gobierno ha prometido medidas urgentes, la aprobación del decreto de vivienda y su posterior aplicación podrían no ser suficientes para resolver una crisis que requiere intervenciones más estructurales. La presión de Sumar, la negociación con Junts y las críticas internas en el PSOE reflejan la complejidad de un problema que, de no resolverse, podría tener consecuencias políticas en los próximos meses.
La anciana de 87 años, expulsada de su piso de renta antigua en Madrid, se convierte en símbolo de la división interna tras medio año de tensiones
Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada este miércoles de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, adquirida por el fondo Urba gestión Desarrollo e Inversión S.L., que rechazó negociar incluso una oferta de alquiler social. El caso, que ha movilizado a vecinos y colectivos, ha reavivado el conflicto interno entre PSOE y Sumar en el Gobierno de coalición, medio año después de su formación.
La anciana, que ocupaba un piso de renta antigua —un régimen de protección alquiler regulado—, vio cómo su hogar era adquirido por un fondo de inversión inmobiliaria. Según testigos, el fondo no aceptó ninguna propuesta de solución, incluyendo una oferta concreta de una escritora conocida que se ofreció a asumir el alquiler de la vivienda. La expulsión se produjo tras un proceso judicial que, según fuentes vecinales, no contempló alternativas para evitar el desahucio.
El caso ha escalado rápidamente en el debate político. Sumar ha acusado al Gobierno de no actuar con urgencia, mientras que el PSOE ha señalado que se trata de un problema estructural que requiere una solución legislativa a medio plazo. La tensión entre ambas formaciones se centra en cómo abordar la crisis de vivienda: mientras Sumar exige medidas inmediatas, como la expropiación de viviendas vacías o la ampliación de ayudas al alquiler, el PSOE prioriza negociaciones con el sector inmobiliario y reformas en el mercado.
El conflicto recuerda al registrado en enero de 2026, cuando el Gobierno tuvo que frenar una propuesta de ley de vivienda por falta de consenso interno. En aquella ocasión, Sumar denunció que el PSOE diluía las medidas más contundentes, mientras el partido socialista acusaba a sus socios de radicalizar el debate. Ahora, el desahucio de Maricarmen ha vuelto a poner sobre la mesa la misma división: ¿respuestas rápidas y simbólicas o reformas profundas que tardarán meses en aplicarse?
El precedente de la renta antigua y la presión vecinal
El piso de Maricarmen estaba protegido por el régimen de renta antigua, un sistema de alquiler regulado que data de los años 60 y que afecta a unos 200.000 contratos en España. Este régimen, diseñado para proteger a inquilinos vulnerables, ha sido objeto de ataques recurrentes por parte del sector inmobiliario, que lo considera un obstáculo para la liberalización del mercado. En los últimos años, fondos de inversión han adquirido viviendas con este tipo de contratos para revalorizarlas o convertirlas en alquileres libres, lo que ha disparado los desahucios en zonas céntricas como Madrid o Barcelona.
El caso de Maricarmen no es aislado. En 2025, la plataforma Stop Desahucios registró un aumento del 15% en desahucios de mayores de 70 años en Madrid, muchos de ellos vinculados a fondos inmobiliarios. La presión vecinal ha sido clave en estos casos: en el distrito de Retiro, donde vive la anciana, se han organizado concentraciones y se ha presentado una queja formal ante el Ayuntamiento por la falta de alternativas habitacionales para personas en su situación.
¿Qué se juega cada formación en el Gobierno?
Para Sumar, el caso de Maricarmen es una oportunidad para presionar al PSOE y forzar medidas urgentes. La formación, que en las últimas encuestas lidera el debate sobre vivienda entre los votantes jóvenes, podría usar el conflicto para ganar apoyo en las próximas elecciones autonómicas de 2027. Su propuesta estrella incluye la expropiación de viviendas vacías —alrededor de 3,2 millones en España, según datos del Ministerio de Transportes— y la creación de un fondo público de alquiler social.
El PSOE, en cambio, enfrenta el riesgo de ser percibido como un aliado del sector inmobiliario. El partido ha intentado mediar con fondos como Urba gestión, ofreciendo incentivos fiscales a cambio de que mantengan contratos de alquiler asequible. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por colectivos como la Asociación de Vecinos de Retiro, que denuncian que las negociaciones se alargan sin resultados concretos. Además, el PSOE debe equilibrar su postura con el PP, que en los últimos meses ha endurecido su discurso contra las ayudas públicas a la vivienda, acusando al Gobierno de «socializar las pérdidas» del mercado.
El plazo para una solución es corto: el Gobierno debe presentar antes de final de año un plan de vivienda que evite nuevos conflictos internos. Si no logra un acuerdo, el caso de Maricarmen podría convertirse en un símbolo de la incapacidad del Ejecutivo para abordar una de las crisis sociales más urgentes.
