Actualización (29 de septiembre a las 10:07):
Dos años de prórroga para los alquileres, frente a la propuesta indefinida de Sumar, y la regulación de habitaciones bloquean el acuerdo en el Consejo de Ministros
Pedro Sánchez y su Gobierno han pospuesto la aprobación del decreto de vivienda, conocido como decreto Maricarmen, tras las tensiones entre el PSOE y Sumar por dos puntos clave: la duración de la prórroga de los contratos de alquiler y la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones. La reunión del Consejo de Ministros, prevista para las 09:30 horas del martes 29 de septiembre, se ha retrasado por estas discrepancias, que mantienen en negociación a ambas formaciones.
El conflicto surge porque el PSOE propone una prórroga de dos años para los contratos de alquiler, mientras que Sumar exige que sea indefinida, una medida que también respalda el Sindicato de Inquilinas. Además, Sumar denuncia que el alquiler de habitaciones —excluido de la Ley de Vivienda— se ha convertido en una de las principales vías de especulación y abusos en el mercado.
El decreto, impulsado tras el desahucio de una anciana de 87 años y las protestas sociales con acampadas en varias ciudades, busca frenar la presión sobre los inquilinos. Sin embargo, la falta de consenso entre los socios de gobierno amenaza con retrasar su aprobación, pese a la urgencia social.
El contexto: ¿qué hay detrás del decreto Maricarmen?
El decreto responde a la presión ciudadana tras el caso de la anciana desahuciada en Barcelona, que movilizó a miles de personas en acampadas en ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla. La movilización obligó a los partidos a buscar un acuerdo, pero las diferencias internas entre el PSOE y Sumar —especialmente en temas como la duración de las prórrogas— han ralentizado el proceso.
El PSOE defiende una prórroga de dos años, mientras que Sumar insiste en que debe ser indefinida, alineándose con las demandas del Sindicato de Inquilinas. Este sindicato, que agrupa a inquilinos en lucha, ha sido clave en la presión para que el Gobierno actúe. La regulación del alquiler de habitaciones, por su parte, es un tema pendiente desde la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, que dejó este tipo de contratos fuera de su ámbito.
¿Qué se juega cada actor?
Para el PSOE, el decreto es una prioridad política, pero debe equilibrar las demandas sociales con las críticas de sectores como la patronal, que ven en medidas como las prórrogas un freno a la inversión. Sumar, por su parte, busca consolidar su papel como voz de los inquilinos, pero su exigencia de prórrogas indefinidas choca con la postura más moderada del PSOE.
El Sindicato de Inquilinas, aunque no tiene representación parlamentaria, ha logrado influir en la agenda del Gobierno. Su presión ha obligado a incluir en la negociación temas como el alquiler de habitaciones, que hasta ahora no estaban en la mesa. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los socios de gobierno podría debilitar el impacto del decreto, dejando a los inquilinos sin las garantías que buscan.
El PP y Vox, aunque no participan en la negociación, podrían aprovechar el retraso para criticar la gestión del Gobierno en vivienda. Ambos partidos han mostrado escepticismo hacia medidas como las prórrogas, argumentando que desincentivan el mercado.
Actualización (28 de septiembre a las 21:44):
El partido de Puigdemont acusa al Gobierno de alejar el texto pactado y condiciona su apoyo a medidas fiscales para caseros
Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Cataluña, ha anunciado el jueves que su partido no avalará el decreto de vivienda del Gobierno si este no distingue entre pequeños propietarios y fondos buitre, y si carga el coste de las ayudas sobre los primeros. La formación independentista, que mantiene la puerta abierta a negociar, denuncia que el borrador actual —conocido como decreto Maricarmen— se ha alejado del acuerdo inicial pactado con Moncloa y recupera figuras que generan inseguridad jurídica para los arrendadores.
El conflicto estalla tras una reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Nogueras, donde Junts recibió por la mañana una propuesta de consenso con la que, según aseguran, estaban «mayoritariamente de acuerdo». Sin embargo, a lo largo del día, el texto evolucionó hacia un decreto ómnibus que incluye hasta 34 modificaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos —tramitadas ya como proyecto de ley en el Congreso—, algo que los independentistas consideran una maniobra para evitar el debate parlamentario y repetir los errores de decretos anteriores rechazados en abril y julio.
Junts exige que el Gobierno retome el pacto previo, que incluía deducciones fiscales para propietarios (como ventajas en el IRPF para alquileres o hipotecas) y ayudas para viviendas destinadas al alquiler habitual. La formación, que nunca ha rechazado proteger a inquilinos vulnerables, rechaza que el coste de las medidas recaiga sobre pequeños propietarios, como ocurrió con los decretos de prórroga de alquileres en 2024. Su portavoz ya advirtió en abril y julio que las prórrogas obligatorias debían excluir casos de impago o necesidad de recuperar la vivienda por parte del casero.
El Gobierno intentó recuperar el acuerdo antes del verano, pero Junts denunció que el borrador ignoraba sus propuestas contra la okupación ilegal y las medidas fiscales. Ahora, con el decreto a punto de ser aprobado en Consejo de Ministros, la formación condiciona su apoyo a que se separen claramente los fondos buitre —contra los que el texto sí incluye medidas— de los pequeños propietarios, a quienes acusan de ser los perjudicados por normativas anteriores. «No avalaremos un paquete que mezcle materias y genere inseguridad jurídica», advirtió Nogueras, recordando que el objetivo debe ser un pacto «contundente» contra fondos de inversión, pero con garantías para el arrendador particular.
El decreto, que incluye congelación de precios y protección a inquilinos vulnerables, enfrenta además el rechazo de Sumar, que considera insuficientes las medidas para los arrendatarios. La votación en el Consejo de Ministros está prevista para el próximo martes, 2 de octubre, cuando Junts tendrá los 7 votos clave para decidir su aprobación.
Actualización (28 de septiembre a las 20:44):
El PSOE acusa a Yolanda Díaz de deslealtad al presionar con movilizaciones mientras se negocia el decreto
Sumar ha amenazado el lunes con bloquear el Consejo de Ministros del martes si el Gobierno no incluye todas sus exigencias en el decreto de vivienda, una medida que el PSOE considera «desleal» al negociar en secreto mientras la formación liderada por Yolanda Díaz presiona desde la calle.
Fuentes socialistas denuncian que la vicepresidenta segunda y otras figuras de Sumar, como las ministras Mónica García y Sira Rego, están «echando a la calle contra el Gobierno» mientras se negocia en privado. Critican especialmente las movilizaciones convocadas el domingo en la Puerta del Sol, donde Díaz instó a la protesta, y el riesgo de repetir un escenario similar al de meses atrás, cuando Sumar ya intentó forzar una huelga ministerial.
El decreto, que debe aprobarse el martes, enfrenta dos obstáculos clave: la necesidad de convalidación en el Congreso —donde Junts es decisivo tras bloquear una norma similar en julio— y la desconfianza del PSOE hacia las promesas de Sumar, que ya no cuenta con Podemos como aliado en la movilización. Pablo Fernández, posible candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, ni siquiera pudo acceder al campamento de la Puerta del Sol el domingo, reflejando el distanciamiento interno.
El PSOE recuerda que el decreto anterior, que evitó el desahucio de Maricarmen, fue rechazado por Junts, PP y Vox, y advierte de que airear propuestas inviables —como expropiaciones sin base legal— genera expectativas incumplibles. «Si fuera útil la deslealtad, bienvenida sería, pero tememos que no sirva ni siquiera para eso», señalan fuentes del partido.
Sumar, en cambio, argumenta que sin su presión el PSOE no actuaría. «El Gobierno lleva años fallando en vivienda; la movilización es legítima y necesaria», defienden fuentes cercanas a Díaz, aunque reconocen que el PSOE ya ha mostrado su resistencia a ceder en puntos clave, como la reforma del suelo o la expropiación de viviendas vacías.
El contexto histórico pesa: el PSOE teme repetir el error de 2011, cuando el 15-M —otra movilización social— derivó en la derrota electoral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, con el decreto en juego y las elecciones a la vuelta de la esquina, la tensión entre socios refleja una coalición al límite: Sumar necesita diferenciarse, pero el PSOE prefiere evitar fracturas que debiliten al Ejecutivo.
Actualización (28 de septiembre a las 20:35):
El Ejecutivo llega al Consejo de Ministros del martes sin los apoyos de sus socios, mientras cientos de personas cumplen su tercera noche en la Puerta del Sol tras el desahucio de una anciana de 87 años
El Consejo de Ministros previsto para el martes aprobará el conocido como «decreto Maricarmen», la respuesta del Ejecutivo a las protestas por la crisis de vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez llega a esa cita sin haber cerrado los apoyos necesarios, ni siquiera con la parte del Ejecutivo que ocupa Sumar. La falta de acuerdo interno anticipa una tramitación complicada en el Congreso.
Sobre la mesa hay cuatro medidas concretas. El Ejecutivo plantea prohibir los desahucios y la compra de viviendas por parte de «fondos buitre». También quiere introducir bonificaciones fiscales en el alquiler, tanto para inquilinos como para caseros, y subir el IVA a los pisos turísticos. Son los ejes que Moncloa pone por escrito, pero no los únicos que se discuten.
Sumar aprieta para ampliar ese paquete. Los de Yolanda Díaz exigen que los contratos de alquiler se renueven automáticamente. Piden además que se regulen los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que hoy quedan fuera del control de precios. La formación ha amenazado con volver a dar plantón en el Consejo de Ministros si sus demandas no se incorporan al texto.
La tercera noche en la Puerta del Sol
La presión no llega solo desde dentro del Gobierno. El lunes será la tercera noche que cientos de personas duerman en la Puerta del Sol de Madrid. La acampada responde al desahucio la pasada semana de una anciana de 87 años, el detonante que ha convertido la vivienda en el primer asunto de la agenda política.
El Sindicato de Inquilinas organiza la campaña. Desde la organización insisten en que su permanencia en la plaza madrileña dependerá en buena medida de lo que apruebe el Ejecutivo. Es decir, la continuidad de la protesta queda ligada al contenido final del decreto, no a un calendario propio.
En Moncloa son conscientes de que lo que salga del Consejo necesita primero el beneplácito social de miles de personas que, tras ese desahucio, han dicho basta. Ese respaldo no se traduce automáticamente en votos parlamentarios, y ahí está el problema real del Gobierno.
Una mayoría que exige socios con posiciones opuestas
El decreto no basta con aprobarlo en el Consejo de Ministros. Necesita después la convalidación del Congreso, y para lograrla el Ejecutivo debe sumar formaciones con posiciones muy distintas entre sí. En esa lista están Podemos, Esquerra y Bildu, además del PNV y Junts.
Cada uno de esos grupos tiene incentivos propios para apoyar o tumbar el texto. Podemos y Bildu compiten por el mismo electorado que ahora se moviliza en la calle, por lo que un decreto tibio les deja margen para exigir más. PNV y Junts responden a territorios con mercados de alquiler tensionados, pero también a intereses económicos que no siempre coinciden con una regulación estricta de precios.
Al margen de la negociación quedan PP y Vox, contrarios a este tipo de regulación. Feijóo hizo el lunes su propio diagnóstico de la situación de la vivienda y culpó de ella al propio Sánchez. La oposición no solo rechaza las medidas: disputa al Gobierno el relato sobre quién es responsable del problema.
El pulso por la vivienda ha eclipsado, en cualquier caso, la situación en Ceuta. El lunes, cuando están a punto de cumplirse dos meses de la entrada masiva, se ha conocido la primera dimisión política en la ciudad autónoma.
La primera dimisión política en Ceuta
El delegado del Gobierno en Ceuta ha anunciado que deja la política. Se trata de Miguel Ángel Pérez Triano, señalado por los informes del CNI. En su salida critica la gestión y asegura que avisó al Gobierno y que pidió refuerzos a Interior.
Pérez Triano está siendo investigado por la Audiencia Nacional por su actuación durante la entrada masiva de inmigrantes. Su marcha convierte en política una crisis que hasta ahora se gestionaba como asunto de orden público y de fronteras.
La dimisión llega en un momento delicado para el Ministerio del Interior, que ve cómo uno de sus delegados territoriales cuestiona públicamente la respuesta que se dio a la llegada masiva. El cargo de delegado del Gobierno representa al Ejecutivo central en la ciudad autónoma y coordina allí a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Conde-Pumpido pide revisar la amnistía de la malversación
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha mostrado el lunes a favor de aplicar la amnistía a los delitos de malversación del procés. Esa interpretación mantiene, entre otros, a Puigdemont fuera de España.
Conde-Pumpido sostiene que la Sala Segunda del Supremo incurrió en una interpretación impredecible que no seguía la finalidad de la ley. Por eso pide que se revise la aplicación de la amnistía con carácter preferente y urgente. La ponencia se debatirá la próxima semana.
Ese debate podría resolver el primero de los recursos de amparo relacionados con la aplicación de la ley. Las consecuencias alcanzarían también a dirigentes independentistas que permanecen fuera de España, entre ellos el propio Puigdemont. El Constitucional no juzga el fondo del procés, sino si la interpretación del Supremo se ajustó a lo que la ley de amnistía permite.
La cifra que centra otra de las informaciones del día es la de las joyas de Zapatero. El expresidente cifra su valor real en poco más de 100.000 euros, una décima parte del millón trescientos mil que calculó la joyería Ansorena. Tras reconocer finalmente que fueron regalados por Arabia Saudí, desde su entorno aseguran que los diamantes no tienen la calidad ni el valor indicados en esa primera tasación.
De ser cierta esa valoración, Zapatero evitaría el delito de fraude fiscal al haber prescrito. De ahí su insistencia en buscar una firma que avale esta tesis. La diferencia entre ambas cifras es de más de un millón de euros y marca el margen entre una regularización sin delito y una posible responsabilidad penal.
Actualización (28 de septiembre a las 10:06):
Mónica García rechaza el borrador de diez puntos del PSOE mientras la acampada de Sol eleva la presión tras el desahucio de Maricarmen.
Una batería de diez medidas sobre vivienda divide al Gobierno de coalición este 28 de septiembre de 2026. El Ministerio de Vivienda presentó a los grupos una propuesta de Real Decreto para su deliberación parlamentaria y su paso por el Consejo de Ministros. La ministra de Sanidad y dirigente de Sumar, Mónica García, rechazó el borrador actual al considerarlo insuficiente frente a la crisis residencial.
La iniciativa gubernamental, bautizada como «decreto Maricarmen», responde directamente a la conmoción provocada por el desalojo de una anciana de 87 años. La mujer residía desde hacía más de siete décadas con un contrato de renta antigua en el distrito madrileño de Retiro. Su expulsión desató protestas ciudadanas inmediatas. Cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid desde la noche del sábado.
El decálogo de medidas planteado por el PSOE
El plan remitido por el departamento ministerial articula diez ejes de actuación urgente. La primera medida establece la protección frente a desahucios de personas vulnerables. La segunda prohíbe las operaciones de compra especulativa ejecutadas por fondos buitre. La tercera cláusula busca estabilizar los contratos de alquiler para frenar subidas en los territorios donde no rige la Ley de Vivienda estatal.
El documento incluye también una regulación estricta del alquiler de temporada. Esta fórmula busca atajar las vías de fraude en arrendamientos de corta duración. En quinto lugar, el texto fija la aplicación del IVA a las viviendas de uso turístico para gravarlas como actividad económica comercial ordinaria. La sexta y la séptima medida contemplan bonificaciones fiscales dirigidas a inquilinos y a propietarios que reduzcan los precios mensuales vigentes.
Las tres últimas propuestas persiguen incrementar la oferta residencial disponible. El borrador introduce ayudas públicas destinadas a la adquisición de la primera vivienda para demandantes sin ahorros previos. Asimismo, decreta el blindaje definitivo del parque de vivienda pública para impedir su venta a inversores privados. Por último, recoge una rebaja del IVA aplicable a la edificación de inmuebles protegidos con calificación de protección permanente.
La negativa de Sumar y la fractura en el Consejo de Ministros
Pese al paquete diseñado por los socialistas, los socios minoritarios del Ejecutivo rechazan respaldar la redacción actual. La ministra Mónica García remarcó que el texto todavía no reúne las condiciones indispensables para recibir luz verde en el gabinete ministerial. La responsable de Sanidad advirtió de que la coalición está lejos de alumbrar un texto que responda con eficacia a las demandas sociales.
García fijó como condiciones irrenunciables la paralización total de lanzamientos judiciales a familias vulnerables. También exigió acotar los arrendamientos de temporada, regular el alquiler por habitaciones individuales y prorrogar de forma obligatoria los contratos que finalicen. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a participar en las movilizaciones callejeras para forzar un endurecimiento sustancial de la normativa.
Los portavoces de Sumar señalaron que mantendrán las conversaciones a lo largo del día para intentar reconducir el texto. Sin embargo, advirtieron de que no validarán ninguna propuesta que recurra a fórmulas intermedias o parches temporales. El desencuentro interno en el Consejo de Ministros añade complejidad al trámite legislativo, que exigirá después armar una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso de los Diputados.
El marco legal del decreto ley y la presión de la calle
La tramitación mediante Real Decreto Ley exige una justificación formal de extraordinaria y urgente necesidad según la Constitución Española. Esta herramienta permite la entrada en vigor inmediata tras su paso por el Consejo de Ministros. No obstante, la norma queda sujeta a un debate y votación de convalidación en la Cámara Baja durante los siguientes treinta días naturales. En esa votación, el bloque de investidura debe mantenerse cohesionado para evitar la derogación de la medida.
La acampada indefinida en la Puerta del Sol mantiene una vigilancia constante sobre las decisiones del Ejecutivo central. Los colectivos sociales acusan a las instituciones de lentitud ante el encarecimiento generalizado de los arrendamientos urbanos. La negociación entre los ministerios socialistas y los representantes de Sumar determinará si el texto llega a la mesa del Consejo o si el Gobierno aplaza la aprobación para evitar un voto discrepante en su propio seno.
La encuesta de SocioMétrica refleja un colapso del 50% en Sumar y Junts, mientras ERC y Bildu crecen y el PP-Vox suman 207 diputados
Sumar, Junts y el PNV perderían 30 escaños en las próximas elecciones generales, según la última encuesta de SocioMétrica para El Español, que sitúa a estas formaciones en 13 diputados frente a los 43 actuales. Sumar se desplomaría de 31 a 5 escaños (un 5,7% de apoyo, frente al 12,3% de 2023), Junts caería de 7 a 4 (1,2% de voto) y el PNV pasaría de 5 a 4 (0,9%).
La paradoja es que ERC y Bildu, socios clave de Pedro Sánchez para aprobar el decreto de vivienda, son los únicos que crecen: los independentistas catalanes pasarían de 7 a 8 escaños, y los vascos de 6 a 7. Mientras, el PSOE recuperaría 4 escaños (107 en total, un 25,7%), aunque sigue 14 por debajo de los 121 del 23-J. El PP, por su parte, alcanzaría 145 diputados (33,9%), y Vox 62 (18%), sumando 207 escaños que les darían mayoría absoluta.
El decreto de vivienda, que el Gobierno debe aprobar el martes, se convierte así en un juego de equilibrios: Sánchez negocia con Sumar —que amenaza con plantarle si no se aprueban sus medidas— y con Junts, que exige ventajas fiscales para propietarios a cambio de su apoyo. Ambos partidos han demostrado su capacidad de presión: Junts ya tumbó la moratoria antidesahucios en febrero y la prórroga de alquileres en abril, aliándose con PP y Vox. El PNV, por su parte, se abstuvo en ambas votaciones.
La encuesta también refleja un trasvase masivo de votos: el PSOE arrebata 603.000 votantes a Sumar, mientras el PP gana 477.000 del PSOE y Vox 718.000 del PP. Sumar, en cambio, pierde 1,6 millones de votos desde 2023, con 636.000 pasando a Podemos (2 escaños) y 177.000 a Se Acabó La Fiesta (SALF).
En popularidad, Alberto Núñez Feijóo (27,8%) supera a Pedro Sánchez (26,9%) y a Yolanda Díaz (26,7%), mientras la gestión del Gobierno solo aprueba el 26,8% de los españoles. Feijóo lidera también la preferencia para Moncloa: un 45,2% cree que será el próximo presidente, frente al 28% que apuesta por Sánchez.
Fuente: El Español
Sigue la cobertura: Mónica García exige aprobar el decreto contra los desahucios
