CRedacción Capitol·15 de octubre de 2026·2 min de lectura
La sentencia también atribuye a Roselló un delito de prevaricación administrativa en concurso con fraude a la Administración
Las claves
Roselló fue hallado culpable de prevaricación administrativa y fraude a la Administración.
El cuñado de Roselló, Francisco Artacho, también recibió once meses por fraude a la Administración.
Tres acusados vinculados a la gestión de las empresas recibieron penas de siete a once meses.
El sobrecoste de la obra superó el millón de euros, provocando pérdidas de 1.075.130 euros al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Calpe debe ser indemnizado con 430.000 euros de forma solidaria.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a once meses de prisión al exdiputado provincial del Partido Popular y exconcejal de Calpe Juan Roselló por irregularidades en la contratación de las obras de renovación de la red hidráulica del municipio.
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La sentencia también atribuye a Roselló un delito de prevaricación administrativa en concurso con fraude a la Administración. Su cuñado, Francisco Artacho, fue condenado igualmente a once meses de prisión por fraude a la Administración. Tres acusados vinculados a la gestión de las empresas implicadas recibieron penas de entre siete y once meses de cárcel.
El pleno del Ayuntamiento de Calpe aprobó el 17 de marzo de 2004 la adjudicación a Aguas de Calpe de la renovación de la red de abastecimiento por 4.721.100 euros sin IVA. Aguas de Calpe subcontrató directamente con Obras Hidráulicas de Levante (OHL) sin abrir procedimiento competitivo. OHL estaba controlada por Francisco Artacho y su administrador único actuaba como testaferro.
El tribunal consideró que la contratación directa generó un sobrecoste superior al millón de euros y una pérdida de 1.075.130 euros para el Ayuntamiento. Un informe pericial de la Universidad Politécnica de Valencia confirmó que el importe abonado excedía el valor real de los trabajos.
En agosto de 2005 el pleno municipal aprobó repercutir a los usuarios 3.454.467 euros en las tarifas para financiar la renovación de las canalizaciones. Sin embargo, en julio de 2007 la Generalitat Valenciana limitó esa cantidad a 2.220.446 euros.
El Ayuntamiento de Calpe debe ser indemnizado con 430.000 euros de forma solidaria por los cinco condenados. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
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Los magistrados calificaron la actuación como «patente, flagrante y clamorosa ilegalidad».
Los cinco condenados fueron absueltos del delito continuado de estafa que se les atribuía. El administrador único de OHL recibió una atenuante de confesión.
El proceso judicial se inició en noviembre de 2005 y el juicio oral tuvo lugar en 2025, casi veinte años después.
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