CRedacción Capitol·15 de octubre de 2026·2 min de lectura
La AUGC afirma que la UCO debe investigar con absoluta independencia, sin presiones ni injerencias, y exige transparencia y respeto a su labor
Las claves
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) califica la situación de enorme gravedad institucional.
AUGC exige que se aclare si se usaron mecanismos internos para presionar a la UCO o interferir en su trabajo.
AUGC denuncia la confirmación de llamadas del ministro Grande‑Marlaska y de la directora al DAO tras la filtración del correo de Begoña Gómez.
AUGC sostiene que la Guardia Civil no debe convertirse en instrumento al servicio de intereses políticos.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, señaló directamente a la directora general Mercedes González y al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en un contexto que describió como de «gravedad» que nadie recuerda. Mercedes González y Manuel Llamas aparecen como investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
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Según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la situación constituye una «enorme gravedad institucional» que no puede normalizarse. AUGC exige que la investigación aclare si se utilizaron mecanismos internos del Cuerpo para presionar a agentes de la UCO o interferir en su trabajo. La asociación también denuncia la confirmación de llamadas del ministro Grande-Marlaska y de la directora al DAO tras la filtración del correo electrónico de Begoña Gómez, y pide una explicación clara y transparente.
AUGC sostiene que la Guardia Civil no puede «convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos» y reclama respeto absoluto a la independencia de los agentes de la UCO. La asociación recuerda que la presunción de inocencia debe respetarse, pero que los máximos cargos tienen una obligación reforzada de ejemplaridad.
Jucil, portavoz de la asociación, exige el cese inmediato de las maniobras para desacreditar a los investigadores y afirma que la UCO es «plenamente independiente y responde única y exclusivamente ante el juez de instrucción». Jucil califica la situación como «sonrojante» e «inasumible» para los máximos mandos que se escudan en cuestiones burocráticas mientras los agentes sufren una campaña de descrédito.
La ejecutiva nacional de la asociación reitera que la UCO no responde a la Dirección General, ni al Ministerio del Interior, ni a cálculos jerárquicos de la cúpula, sino exclusivamente al juez de instrucción. Jucil denuncia que informes de la Jefatura de Información sobre maniobras contra los propios agentes circulen durante días sin que se articule un blindaje inmediato e integral.
Según Jucil, la cúpula tiene la obligación moral y profesional de actuar como un muro de contención en defensa del honor y prestigio de los guardias civiles que investigan la corrupción. La asociación anuncia que mantendrá una vigilancia constante y ejercerá todas las acciones necesarias para defender la honorabilidad, la imparcialidad y el libre ejercicio judicial de los componentes de la UCO, sea quien sea el responsable.
