CRedacción Capitol·16 de octubre de 2026·2 min de lectura
Se tramita un indulto ante el Ministerio de Justicia mientras el Consejo de Ministros dispone de un año para decidir su concesión
Las claves
El Tribunal Supremo confirmó la pena a finales del año pasado.
La Audiencia de Barcelona denegó la suspensión de la ejecución por salud e indulto.
Se está tramitando una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.
El Consejo de Ministros decidirá si concede el indulto y tiene un año para resolver.
En 2021 la Audiencia de Barcelona condenó a Morell, su hermano y a una tercera persona a un año de prisión y multa de 170.000 euros.
Josep Morell Vázquez, cuñado del expresidente de la Generalitat Quim Torra, ingresó voluntariamente el pasado 5 de octubre en prisión para cumplir una condena de cuatro años y seis meses por fraude a Hacienda e insolvencia punible.
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El Tribunal Supremo confirmó a finales del año pasado la pena impuesta y la Audiencia de Barcelona denegó su solicitud de suspensión por motivos de salud y por la tramitación del indulto. Los magistrados sí aceptaron la suspensión de la ejecución de la sentencia para su hermano, que está enfermo.
Se está tramitando una petición de indulto de Josep Morell Vázquez ante el Ministerio de Justicia, aunque la Audiencia de Barcelona ha informado desfavorablemente sobre ella. El Consejo de Ministros decidirá si concede o no el indulto y dispone de un plazo máximo legal de un año para resolver. En caso de concederse, la medida de gracia perdonaría total o parcialmente la pena, pero no eliminaría la condena ni equivaldría a una declaración de inocencia.
La Audiencia de Barcelona condenó en 2021 a Morell, a su hermano y a una tercera persona a un año de prisión como cooperadores necesarios de un fraude a Hacienda, con una multa de 170.000 euros, y a otros tres años y seis meses por insolvencia punible. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmó la resolución en noviembre de 2022 y el Tribunal Supremo lo hizo en octubre de 2025.
Según las sentencias, en 2009 los hermanos Morell cerraron la empresa Piensos Suprem y vendieron siete parcelas de la fábrica en Santa Coloma de Farners para ocultar plusvalías y despatrimonializar la sociedad. Los terrenos pertenecían a la sociedad Can Roure SA, que ostentaba los activos inmobiliarios del padre fallecido en octubre de 2007. Los jueces añadieron que el objetivo también era despatrimonializar la sociedad para frustrar procedimientos de ejecución de créditos públicos.
Para ejecutar el plan se usaron sociedades pantalla y la participación de una tercera persona. El precio de cinco terrenos vendidos en julio de 2010 fue de 880.391 euros más 158.410 euros de IVA. Can Roure debía pagar 169.957 euros de impuesto sobre sociedades y solo ingresó 34,07 euros. Dos solares vendidos en diciembre de 2009 por 238.963 euros no pagaron 76.373 euros a la Agencia Tributaria. Los acusados también retiraron fondos en efectivo y transfirieron dinero a compañías vinculadas a Can Roure.
