Redacción Capitol·16 de octubre de 2026·2 min de lectura
Las claves
La juez María Tardón concedió a la Policía Nacional un plazo improrrogable de tres días hábiles para remitir alertas, informes y avisos internos sobre el peligro de una entrada masiva en Ceuta.
La magistrada requiere al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional la documentación "a la mayor urgencia" y dentro de tres días hábiles.
Se solicitan todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa emitida entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026.
La juez también exige identificar los destinatarios, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a cada alerta.
El requerimiento sigue a un auto del 16 de septiembre que había extendido la solicitud a otras unidades policiales, a varios servicios de la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno y a Interior.
El Rey proclamó «alto y claro» frente a Marruecos, diciendo que Ceuta y Melilla «no son negociables» y que «su defensa es nuestra obligación». Esta declaración se produce en el contexto de la entrada masiva de inmigrantes que tuvo lugar los 30 y 31 de julio en Ceuta.
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La juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, concedió a la Policía Nacional un plazo improrrogable de tres días hábiles para remitir todas las alertas, informes y avisos internos sobre el riesgo de una entrada masiva. En la providencia, la magistrada exige al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que entregue la documentación «a la mayor urgencia» dentro del mismo plazo.
La solicitud incluye todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa emitida entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. Asimismo, la juez pide identificar los destinatarios, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a cada alerta.
Este requerimiento sigue a un auto del 16 de septiembre que había extendido la petición a otras unidades policiales, a varios servicios de la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior.
La causa judicial investiga la entrada irregular de entre 75.000 y 85.000 personas procedentes de Marruecos. La magistrada también señaló la existencia de ochenta y tres fallecidos vinculados a los hechos.
Como testigos prioritarios, la juez designó al jefe del Ejecutivo ceutí Juan Jesús Vivas, al responsable de la Policía Local en esos días y al director del CETI.
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El 11 de septiembre, la juez remitió al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta su auto de asunción de competencia para valorar la inhibición a favor de la Audiencia Nacional. Con esta medida, se pretende concentrar en una sola causa toda la investigación sobre la avalancha.
