Madrid ordena investigar si Víctor Aldama cobró 8 millones sin contrato

La Audiencia Provincial de Madrid, tras estimar el recurso de Vox, ordena investigar si Víctor de Aldama cobró ocho millones de euros de Correos

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar si Víctor de Aldama cobró ocho millones de euros de Correos sin contrato formal, como él mismo declaró en el Tribunal Supremo, y también otros contratos que Vox considera sospechosos.

Según el auto, la Sección Tercera de la Audiencia madrileña estima el recurso de Vox y anula la decisión del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, que el pasado 27 de junio había inadmitido su querella. La Fiscalía se había opuesto al recurso y había pedido confirmar el archivo.

El tribunal obliga al juzgado a tomar declaración a los querellados y a practicar las diligencias que pide el partido. Una vez conocido su resultado, el juez deberá decidir «con libertad de criterio» si son necesarias nuevas pesquisas.

Vox presentó una carta del secretario del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, dirigida al entonces presidente de Correos, que vincula la operación de Correos Cargo con el rescate de Globalia y su filial Ávoris. El contrato de Correos Cargo con la aerolínea Evelop, del grupo Globalia, contiene una cláusula sexta que establece que los resultados negativos del ejercicio «serán asumidos íntegramente por Correos».

Una resolución del tribunal administrativo de recursos contractuales de diciembre de 2024 anuló un contrato de seguridad de unos 10 millones de euros adjudicado a la empresa Trablisa por conflicto de interés del jefe de Área de Seguridad de Correos, que había trabajado en ella en los dos años anteriores y acabó dimitiendo.

En el expediente de climatización, tres lotes adjudicados por 122.389 euros pasaron a costar 479.192 euros tras readjudicarse a una intermediaria, con subidas de hasta el 487 %. El auto también menciona otros contratos de 18,1 millones y de más de 43 millones de euros, así como una causa de la Audiencia Nacional sobre un contrato enviado antes de su licitación y un informe de Competencia sobre riesgos en el grupo.

El juzgado había rechazado la querella porque solo se sustentaba en noticias de prensa, considerándolas una búsqueda a ciegas de delitos. La Sala comparte que las informaciones periodísticas no bastan por sí solas para abrir una investigación penal. Los magistrados advierten que, si se aceptaran solo esas fuentes, se reconocería «una suerte de poder omnímodo a los medios de comunicación para provocar a voluntad el inicio de investigaciones penales».

Sin embargo, los magistrados explican que la situación cambia cuando la información contiene «datos objetivos» verificables en documentos de organismos públicos. En esos casos, dichos datos «resultarán susceptibles de una comprobación objetiva y fácilmente verificable», excluyendo que se trate de meras sospechas o conjeturas. Por ello, el tribunal subraya que, ante hechos que pudieran ser constitutivos de delito, no procede cerrar el caso sin investigar, porque la investigación es «el único medio posible» para comprobar los indicios.

La Audiencia no se pronuncia sobre la solidez de las acusaciones, que deberá valorar el juzgado.