Redacción Capitol·17 de octubre de 2026·3 min de lectura
El origen del conflicto se sitúa en 2024, cuando un joven solicitó una subvención para financiar obras en una vivienda rural
Las claves
La Diputación exigió al solicitante documentación propia de la fase de justificación, no de la fase de solicitud.
El Tribunal de Instancia de León anuló la exclusión, reconoció el derecho a cobrar 2.500 euros y obligó al organismo a pagar intereses legales y costas.
El juez calificó el acta de marzo de 2026 como «fabricación de pruebas a posteriori».
En junio la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León acordó abrir diligencias previas por indicios de manipulación documental.
Las tres investigadas – la diputada socialista y dos funcionarias – han declarado ante la magistrada y niegan cualquier actuación delictiva, invocando la presunción de inocencia.
La denegación de una ayuda de 2.500 euros del programa Vivienda Rural Joven ha desencadenado una investigación penal que ya salpica a la diputada provincial de Juventud y Deportes, la socialista Patricia Martínez Caño. El origen del conflicto se sitúa en 2024, cuando un joven solicitó una subvención para financiar obras en una vivienda rural.
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Durante la tramitación, la Diputación le exigió documentación que no correspondía a la fase de solicitud, sino a la fase de justificación. La documentación exigida era el justificante del pago de la declaración responsable de las obras y una factura de ventanas, documentos que el interesado no había presentado.
La resolución provisional consideró que no había aportado la documentación requerida y lo excluyó de la convocatoria. El joven recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Instancia de León anuló la exclusión, reconociendo su derecho a cobrar los 2.500 euros y obligando a la Diputación a pagar intereses legales y costas.
El juez calificó como «fabricación de pruebas a posteriori» el acta fechada en marzo de 2026, elaborada cuando el expediente ya estaba cerrado. Aunque esa valoración no implica responsabilidad penal, el afectado presentó una querella por falsedad en documento público, prevaricación administrativa y denuncia falsa.
En junio la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León acordó abrir diligencias previas al apreciar indicios suficientes de manipulación documental. Los elementos cuestionados incluyen informes técnicos que, según el denunciante, no reflejaban la realidad de las obras, y conversaciones telefónicas cuyo contenido él niega.
Las tres investigadas – la diputada socialista y dos funcionarias – han declarado ante la magistrada instructora y niegan cualquier actuación delictiva, invocando la presunción de inocencia. La querella atribuye a la diputada del PSOE una posible participación por ser firmante de resoluciones y comunicaciones del expediente, sin imputarle aún una acción concreta de falsificación. El UPL ha pedido máxima prudencia y ha anunciado que esperará a conocer el contenido completo de las actuaciones antes de valorar responsabilidades políticas.
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