El cambio convierte inmuebles de 60 mil euros en oportunidades de venta de 300-400 mil euros, según economista Inurrieta
Las claves
- Madrid aplica plazos de protección de 15 años sin devolución de ayudas.
- Nestar fue condenada a indemnizar a 28 familias por cláusulas abusivas.
- Se construyeron solo 90.000 viviendas públicas en la última década.
- Desde 1991 hasta 2025 se han edificado 1,5 millones de viviendas protegidas.
La Comunidad de Madrid ha establecido este sábado que la vivienda protegida pierde su condición tras 15 años sin devolución de ayudas. Alejandro Inurrieta, economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, afirma que la región se ha convertido en un paraíso para fondos de inversión.
Un caso ilustrativo es el de Sara, residente de Vallecas desde hace siete años en un bloque adquirido por el fondo Lazora en 2010, hoy llamado Nestar. Ese bloque fue puesto a la venta por el Ayuntamiento de Madrid hace dieciséis años cuando Alberto Ruiz-Gallardón era alcalde. La inquilina denuncia cláusulas abusivas y falta de mantenimiento, señalando una ventana que está a punto de desprenderse.
El año pasado la justicia obligó a Nestar a indemnizar a 28 familias por esas cláusulas abusivas. Esta sentencia constituye la primera victoria a título propio de un Sindicato de Inquilinas en los juzgados.
A nivel nacional, el parque público de vivienda representa solo el 1,5 % de la oferta inmobiliaria total, muy por debajo del 9 % europeo. En la última década se construyeron únicamente 90.000 viviendas públicas, evidenciando un estancamiento.
Desde 1991 hasta 2025 se han levantado un millón y medio de viviendas protegidas según registros oficiales. Un estudio de la Fundación CIVIO indica que a finales de 2030 la mitad de ese stock habrá perdido la protección. Solo 147.653 unidades, equivalentes al 9,8 %, conservarán protección permanente.
FUNCAS calcula que únicamente una tercera parte de la vivienda protegida construida sigue existiendo. La normativa estatal permite la desclasificación anticipada siempre que se devuelvan las ayudas recibidas.
El Plan Estatal de Vivienda de 1998 introdujo un plazo mínimo de 15 años desde el fin de la construcción para solicitar la desclasificación. En 2006 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó la posibilidad de perder protección, pero varias comunidades no aplicaron la restricción hasta años posteriores.
Aragón, La Rioja, Castilla y León, Región de Murcia y Asturias siguen permitiendo la desclasificación anticipada en la actualidad. Euskadi ha prohibido la desclasificación, mientras que en el resto de comunidades los plazos y la capacidad varían.
Desde 2018, Baleares, Navarra y Cataluña han mantenido la protección permanente, sumándose a una cuarta comunidad que también lo hace. El Gobierno central intentó en 2023 con la Ley Estatal de Vivienda prohibir la descalificación, pero el Tribunal Constitucional la anuló por invasión de competencias.
Inurrieta concluye que falta voluntad real de las autonomías para cambiar el paradigma de la vivienda pública.
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