CRedacción Capitol·7 de agosto de 2026·2 min de lectura
El TJUE avala el perdón de malversación y terrorismo, pero el Tribunal de Cuentas y el Constitucional frenan aún casos clave
La amnistía por el procés ha superado ya los 400 beneficiados, principalmente manifestantes y policías, dos años después de su entrada en vigor y tras el respaldo del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ).
El fallo del UJUÉ del 15 de julio, que avaló el perdón de los delitos de malversación y terrorismo, ha permitido desencallar causas amnistiables paralizadas, como las de desobediencia y desórdenes públicos que el Supremo ha resuelto en las últimas semanas. Sin embargo, la ley sigue sin aplicarse a los líderes independentistas: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig y Jordi Turull mantienen sus condenas o procesos abiertos.
Publicidad
El Supremo no ha levantado la orden de detención de Puigdemont, refugiado en Bélgica desde hace nueve años, y su amnistía dependerá de que el Constitucional revoque su negativa a partir de finales de septiembre. El Tribunal de Cuentas, por su parte, resiste aplicar la amnistía a los gastos del procés, alegando que podrían haberse sufragado con fondos europeos, lo que ha llevado a Puigdemont a denunciar a España ante la Comisión Europea.
Mientras, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) posponen decisiones sobre casos como los de los doce CDR procesados por terrorismo —con penas de hasta 29 años— o los ex altos cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, acusados de malversación por organizar el referéndum del 1-O. La amnistía sí ha llegado a 35 miembros del autogobernó de Puigdemont, a la exconsellera Meritxell Serret y a una decena de miembros de la Mesa del Parlament.
Los cerca de 400 amnistiados incluyen a 160 agentes de las fuerzas de seguridad, aunque quedan excluidos los cuatro policías procesados por dejar tuerto al activista Roger Español. El Supremo también ha amnistiado a dos manifestantes por desórdenes públicos en las protestas contra la sentencia del procés.
La amnistía ha sido posible gracias a la sentencia del UJUÉ, que descartó que la ley de amnistía contraviniera la normativa comunitaria. Esto ha permitido que el Supremo resuelva casos que estaban paralizados, como las de desobediencia y desórdenes públicos. Sin embargo, la amnistía sigue sin aplicarse a los líderes independentistas, lo que ha llevado a algunos a denunciar a España ante la Comisión Europea.
