Redacción Capitol·18 de octubre de 2026·3 min de lectura
La falta de información, señalada por el PP, dificulta que el Gobierno distinga quiénes pueden votar antes del 29 de noviembre
Las claves
El Partido Popular denuncia que la demora no es un problema burocrático sino una maniobra deliberada.
Alberto Núñez Feijóo señala que la inacción del Gobierno se conoce desde el 10 de septiembre.
Si persiste el bloqueo, el Supremo decidirá entre anular el voto exterior o levantar las cautelares, ambas opciones generarían impugnaciones.
El Ministerio de Exteriores no ha trasladado a la Oficina del Censo los datos no informatizados de los 163.000 nacionalizados con voto suspendido, según informó EL MUNDO este domingo. Esta ausencia de información impide que el Gobierno discierna, uno a uno, quiénes pueden votar y quiénes no, tal como ordenó el Tribunal Supremo.
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Fuentes del Partido Popular han asegurado que la situación no es casual ni responde a un problema burocrático sobrevenido. Según ellas, la sospecha es que se trata de una maniobra deliberada para hacer imposible el cumplimiento de la resolución judicial.
El equipo de Alberto Núñez Feijóo califica la falta de datos como consecuencia de la inacción del Gobierno desde el 10 de septiembre. El PP acusa al Ejecutivo de intentar «conseguir por la vía de los hechos lo que el Supremo ha impedido por la vía del Derecho».
Los funcionarios lamentan que el plazo sea excesivamente breve para el número de expedientes y el calendario acelerado por la convocatoria electoral.
El Tribunal Supremo recordó el 13 de octubre que el Gobierno tiene la obligación de garantizar unas elecciones limpias el 29 de noviembre. Las fuentes del PP añaden que no se trata solo del censo electoral, sino del respeto a la Justicia, la seguridad jurídica y la confianza de los españoles en sus instituciones.
Si el bloqueo burocrático persiste, el Supremo deberá decidir entre anular todo el voto exterior o levantar las medidas cautelares. Esto provocaría la impugnación de las elecciones en cada circunscripción. Ambas opciones generarían la impugnación de los resultados electorales, según advierten los partidos de izquierdas y Vox con Iustitia Europa.
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El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que todos los nacionalizados puedan ejercer su derecho al voto. El Tribunal de Garantías dispone de pocos días para resolver, en plena precampaña electoral, lo que podría suspender las cautelares del Supremo.
Félix Bolaños (PSOE) denunció un «censo alterado» y Vox e Iustitia Europa recurrieron el asunto ante el Alto Tribunal.
Qué dicen las encuestas
La media de 26 encuestas publicadas en los últimos 28 días, calculada por el agregador de Capitol, da estos resultados para las generales del 29 de noviembre: PP el 31,8 % (138 escaños), PSOE el 26,8 % (105 escaños), Vox el 18,5 % (62 escaños) y Sumar el 6,3 % (10 escaños). La mayoría absoluta en el Congreso está en 176 diputados.
17 de octubre.Exteriores retrasa 38 días el envío de datos. La tardanza del Ministerio de Exteriores en enviar los datos de 163 000 españoles nacionalizados con voto suspendido amenaza con una gran batalla.
