El caso bar España nació de una cadena de denuncias contra la jueza Sofía Díaz, todas archivadas, y ha acabado en un juicio penal contra quienes las difundieron
Reinaldo Colás, padre de las menores, acusó a la pareja de su exmujer como presunto autor y, tras desestimar sus pretensiones, inició una campaña de difamación contra la magistrada y los involucrados en el proceso. El fallecido instigador del caso presentó una gran cantidad de denuncias falsas en diversos organismos, todas ellas archivadas al demostrarse infundadas.
Durante más de veinte años, el autor y los demás acusados difundieron en plataformas digitales acusaciones contra la jueza, políticos, judiciales y empresarios, alegando una supuesta trama de pederastia, orgías con menores y sacrificios humanos en el Baix Maestrat. Según la Fiscalía, los procesados afirmaron la existencia de una red de pederastia que incluía orgías con menores y sacrificios humanos, supuestamente con la connivencia del bar España en Benicarló.
El Ministerio Público indica que una búsqueda en Google de «caso bar España» genera 208.000 resultados en 0,54 segundos, y que un hilo sobre la supuesta trama mafiosa alcanzó más de 4.600 mensajes, 465 páginas y tres millones de visualizaciones.
El Juzgado de lo Penal número 3 acoge el juicio del caso bar España desde el pasado viernes hasta el 26 de octubre, con seis acusados por injurias, calumnias y contra la integridad moral. La Fiscalía solicita penas acumuladas de hasta 58 años y medio de prisión y una indemnización de 1,3 millones de euros a los responsables.
El juez del Juzgado de lo Penal 3 ha confirmado que tanto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra declararán por videoconferencia el próximo martes, y que Fabra lo hará alegando motivos de salud. Entre los testigos previstos para el martes se encuentran la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, principal víctima del caso.
La defensa ha cuestionado la legitimidad de la Fiscalía para intervenir en un procedimiento penal por injurias, argumentando que son delitos privados que requieren querella y posible conciliación. El fiscal del caso ha defendido la presencia del Ministerio Público, afirmando que actúa «autónomamente» y «en defensa de la ley y los derechos de los ciudadanos».
El juez ha indicado que valorará la necesidad de sesiones adicionales «sobre la marcha».
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