La reforma permite limitar temporalmente el acceso a centros y crea una Oficina de apoyo que ofrecerá asesoría jurídica y psicológica a docentes agredidos
Las claves
- Se creará una Oficina de apoyo al profesorado con asistencia jurídica y psicológica.
- José Manuel Valcárce, director del IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, afirma que los docentes se sienten respaldados pero no respetados.
- Según Valcárce, los conflictos entre alumnos han aumentado y se relacionan con las redes sociales.
- Valcárce señala que algunos padres atacan al profesorado cuando no aceptan decisiones del centro.
- La reforma permite limitar temporalmente el acceso de determinadas personas al centro educativo o a sus actividades.
La Xunta de Galicia ha aprobado una reforma de la ley de convivencia escolar de 2011 que introduce sanciones económicas de entre 300 y 15.000 euros por agredir a un profesor.
La normativa también contempla medidas provisionales, como la limitación temporal del acceso de determinadas personas al centro educativo, a sus actividades o a los canales de comunicación con los docentes afectados. Estas sanciones serán compatibles con posibles responsabilidades civiles o penales, reforzando la protección del profesorado más allá de la actuación interna del centro o de la justicia.
Además, la reforma crea una Oficina de apoyo al profesorado que ofrecerá orientación jurídica y acompañamiento psicológico ante agresiones, amenazas o acoso, incluso cuando se produzcan a través de redes sociales. El servicio brindará asesoramiento y asistencia jurídica cuando sea necesario, así como acompañamiento durante los procedimientos de denuncia.
José Manuel Valcárce, director del IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, ha manifestado que los docentes se sienten respaldados pero no respetados ante la creciente agresividad en las aulas. Valcárce señala que los conflictos entre estudiantes han aumentado, muchos vinculados a las redes sociales, y que la agresividad a veces supera los insultos para llegar a agresiones físicas.
El director también advierte que, cuando los padres no aceptan las decisiones del centro ante conductas inadecuadas de sus hijos, pueden dirigir la confrontación contra el profesorado. Aunque estas situaciones no son las más habituales, Valcárce considera que están en aumento y reflejan una mayor irascibilidad social que puede desembocar en violencia difícil de gestionar.
Valcárce valora que la nueva Oficina de apoyo será «bastante útil» en los casos más complejos, donde se requiera asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico. El director concluye que, aunque no todos los docentes necesitarán recurrir a la oficina, su existencia representa un recurso importante para garantizar la seguridad y el desarrollo del trabajo docente.
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