El proyecto también contempla la suspensión de licencias y la posibilidad de iniciar procesos judiciales sin la presencia del imputado
Las claves
- La ley 26.659 establecía multas que hoy equivaldrían a más de 150 millones de dólares y penas de prisión de hasta 15 años.
- Javier Milei considera la ley de 2011 "ineficiente" y amplía su alcance a la pesca en Malvinas.
- El preámbulo del proyecto califica la situación en Malvinas como "situación colonial" que la norma pretende eliminar.
La Comisión de Defensa Nacional del Congreso argentino vuelve a debatir este martes el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado el 17 de septiembre.
El texto, impulsado por Javier Milei, amplía la normativa de 2011 para incluir la pesca en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como actividad ilícita. Milei calificó la ley de 2011 como «ineficiente» y buscó reforzarla con penas económicas y de prisión, además de permitir juicios sin los acusados presentes.
La norma de 2011, la número 26.659, había fijado multas que hoy equivaldrían a más de 150 millones de dólares y penas de hasta 15 años de prisión para actividades petroleras en los territorios disputados. El nuevo proyecto extiende esas sanciones a la pesca, estableciendo una multa equivalente a 500.000 barriles WTI, aproximadamente 50 millones de dólares, y la suspensión de licencias con inhabilitación de hasta 20 años.
El preámbulo del proyecto describe la situación en Malvinas como una «situación colonial» que la norma pretende eliminar «en la búsqueda de recuperar, de una vez y para siempre, aquello que nos pertenece». El texto indica que la medida se aplicará a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean renovables o no. Se considerará perjudicial el paso de buques extranjeros que realicen pesca o investigación sin la debida autorización.
El proyecto permite iniciar procesos judiciales sin la presencia del imputado, con el objetivo de desalentar actividades realizadas bajo permisos ilegítimos otorgados por un Estado extranjero. Según el relato inicial, el objetivo no es solo sancionar, sino también desalentar dichas actividades mediante herramientas procesales que permitan investigar y juzgar conductas aun cuando el imputado no esté a disposición de la justicia argentina.
El proyecto ha recibido críticas fuertes de organizaciones pro derechos humanos y del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Se señala que 16 licencias para la pesquería de calamar loligo fueron expedidas por Port Stanley con participación gallega.
Paralelamente, Argentina ha activado un arbitraje internacional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, aunque aún no se han comunicado medidas cautelares. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, reiteró que el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable.
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