El juez de la Audiencia Nacional atiende la petición de la Fiscalía, que ve indicios de delitos de terrorismo, entre ellos la tenencia y depósito de armas o explosivos
Las claves
- El control que desencadenó el caso fue una inspección rutinaria de la Ertzaintza en una carretera guipuzcoana.
- El 26 de septiembre, Aritz Bilbao y Malen Grünig fueron detenidos en un control de alcoholemia cerca de Escoriaza.
- Con ellos viajaba Naoise Conron, ciudadano irlandés vinculado a la disidencia del IRA, ahora desaparecido.
El martes 20 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidió enviar a prisión provisional a los dos radicales vascos detenidos el pasado sábado en Irún.
La medida se adoptó tras la solicitud de la Fiscalía, que consideró que sus actuaciones podían constituir delitos terroristas, entre ellos tenencia y depósito de armas o explosivos.
El caso se originó en un control rutinario de la Ertzaintza en una carretera de Guipúzcoa, que escaló hasta la Audiencia Nacional. El 26 de septiembre, Aritz Bilbao y Malen Grünig fueron parados en un control de alcoholemia cerca de Escoriaza, junto al ciudadano irlandés Naoise Conron, vinculado a la disidencia del IRA y ahora desaparecido. Los tres portaban una base de datos con información sensible sobre fuerzas y cuerpos de seguridad vascos y una ubicación GPS de un posible zulo de armas en zona montañosa.
Fuentes cercanas al caso indican que los detenidos tenían datos principalmente sobre un agente de la Guardia Civil de un acuartelamiento vasco, con su dirección subrayada. También disponían de información sobre agentes de la Ertzaintza de Tolosa y policías nacionales destinados en Guipúzcoa. Además, llevaban datos sobre dos zulos donde habría armas y explosivos ocultos.
Estos antecedentes fueron decisivos para que la Audiencia Nacional ordenara su ingreso en prisión provisional. Los dos ciudadanos vascos no fueron detenidos hasta el sábado, cuando se personaron en la comisaría de la Ertzaintza en Irún acompañados de sus abogados. La Ertzaintza no ha ofrecido explicaciones sobre la demora en el arresto de los tres sospechosos.
La Oficina Central de Inteligencia de la policía autonómica intensificó la protección de sus agentes. Sin embargo, no alertó a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, según fuentes policiales. La investigación ahora está a cargo de la Audiencia Nacional, coordinada con la Policía vasca desde que se acusó de terrorismo a los dos encarcelados, hecho no ocurrido desde el fin de ETA.
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