El proyecto de ley de participación ciudadana supera su primer trámite en el Parlament sin enmiendas a la totalidad y prevé compensaciones económicas por participar en algunos debates
El miércoles, el Parlament aprobó la tramitación de la nueva ley de participación ciudadana de Cataluña. El proyecto fue presentado ante la Cámara catalana por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. La norma ha superado su primer trámite parlamentario sin enmiendas a la totalidad y pasará a ponencia y comisión.
Según Dalmau, la democracia moderna necesita mecanismos sólidos que permitan a la ciudadanía participar activamente en la elaboración de políticas públicas. La iniciativa busca ordenar una regulación dispersa y establecer reglas comunes para los procesos participativos impulsados por la Generalitat y los ayuntamientos.
La futura ley reconoce el derecho a la participación ciudadana a todas las personas, incluidos los menores de edad, sin edad mínima general. Así, un niño de 14 años podrá intervenir en un proceso participativo sobre una política pública que le afecte. La participación podrá ejercerse individualmente o a través de asociaciones, entidades y colectivos, con condiciones de acceso justificadas según cada proceso.
Una novedad destacada es la posibilidad de que los ciudadanos reciban compensaciones económicas por participar en determinados debates organizados por las administraciones. Se prevén ayudas complementarias como transporte, servicios de cuidados y reconocimiento curricular para niños y jóvenes.
Los resultados de los procesos no serán vinculantes, pero la ley obliga a que todas las aportaciones reciban una respuesta motivada. Las administraciones deberán explicar qué propuestas aceptan, incorporan parcialmente o descartan y justificar los motivos. Además, deberán hacer seguimiento de los compromisos y permitir a los ciudadanos comprobar su ejecución.
Para que la Generalitat convoque un proceso se requieren 20.000 firmas de mayores de 16 años. En los ayuntamientos, el umbral depende de la población: en los municipios de hasta 1.000 habitantes se requerirá el apoyo del 5 % de los convocados; en las ciudades de más de 100.000, el 1 %, con un mínimo de 2.000 firmas, y en los intermedios, el 2 % o el 3 %.
Los municipios rurales estarán obligados solo a respetar los principios generales y contarán con más recursos de la Generalitat. El Síndic de Greuges evaluará cada dos años el cumplimiento de la ley y presentará un informe al Parlament. Las propias administraciones también deberán elaborar evaluaciones bienales sobre los procesos participativos impulsados.
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