Actualización (21 de octubre a las 18:46):
Los socialistas y los comunes retiraron su veto y permitieron que la norma siga su curso; el PP y Vox se opusieron.
Los socialistas y los comunes retiraron su veto, permitiendo que la norma impulsada por el grupo de JxCat siguiera su curso.
Solo el Partido Popular y Vox se opusieron a la iniciativa durante la votación.
Para comparar, el salario mínimo interprofesional en España asciende a 17.094 euros brutos al año.
Catalunya carece de competencias para fijar el salario mínimo interprofesional, una atribución que corresponde al Gobierno central tras el diálogo con sindicatos y patronales.
JxCat persigue que su propuesta sea de cumplimiento obligatorio para todas las administraciones públicas y para las empresas que dependan de ellas. Asimismo, pretende introducir estímulos fiscales para que las pymes y las empresas que trabajen con la administración o reciban subvenciones paguen la referencia catalana.
Durante el debate, el PSC, los comunes y Esquerra permitieron la norma pero no dejaron de criticar los incentivos fiscales propuestos por JxCat en sustitución del SMI central.
El Parlamento de Cataluña acordó tramitar la proposición de ley de Junts para fijar un salario mínimo de referencia catalán
El salario mínimo se incorporaría mediante negociación colectiva en el sector privado y se aplicaría directamente en la administración catalana.
El pleno dio luz verde después de que PSC y Comuns retiraran sus enmiendas a la totalidad de la propuesta. El salario mínimo propuesto se situaría en torno a los 1.400 euros. La iniciativa prosperó con el sí de todos los grupos, salvo PP y Vox.
El texto pasará a estudiarse en comisión parlamentaria. Joan Canadell, diputado de Junts, defendió que Cataluña necesita un salario mínimo superior por su mayor coste de vida. Canadell afirmó que no se puede vivir en Cataluña con 1.221 euros mensuales.
La ley plantea un «acuerdo de país» porque la competencia para fijar incrementos obligatorios es estatal. Míriam Casanova, del PP, sostiene que Cataluña no necesita un salario «escaparate», sino mejorar las cifras de «absentismo laboral». Javier Ramírez, de Vox, recuerda que la competencia para establecer el salario mínimo corresponde al Gobierno.
Jordi Albert, de ERC, que votó a favor de tramitarla, reprocha a Junts que la propuesta no dé «seguridad jurídica» ni sea obligatoria. Lluís Mijoler, de Comuns, advierte de que la referencia no crea un derecho general y pide retirarla para negociar otra. La socialista Conchi Jiménez alerta de que sería solo una «referencia» para el sector privado y de que en los ayuntamientos dependería de cada consistorio, por lo que pide trabajarla con los sindicatos.
Corrección (21/10/2026): decía que la socialista Conchi Jiménez alertó de que el salario solo afectaría al sector privado; dijo que sería solo una referencia para el sector privado y que en los ayuntamientos dependería de cada consistorio.
Comentarios