La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declaró este jueves como testigo en la Audiencia Nacional, en el primer juicio del caso Lezo contra Ignacio González, y aseguró que no sabía nada de los presuntos amaños en el campo de golf de Chamberí, una idea que reconoció como suya.
Las claves
- El proyecto se ejecutó cuando Ignacio González era presidente del Canal de Isabel II.
- Según la Fiscalía, la obra acabó en una empresa vinculada al hermano y al cuñado de González.
- Aguirre dijo desconocer los presuntos amaños que llevaron a González a prisión en 2017.
- La prisión preventiva de González provocó la salida de Aguirre de la política.
- Aguirre declaró como testigo en el juicio del caso Lezo ante la Audiencia Nacional.
Esperanza Aguirre explicó este jueves ante la Audiencia Nacional que hace 25 años propuso construir un campo de golf en Chamberí, zona entonces ocupada por un helipuerto de nueve hectáreas.
El proyecto fue ejecutado por Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II, quien también fue su vicepresidente.
Aguirre declaró que desconocía tanto la manipulación de los pliegos como los presuntos delitos que llevaron a González a la cárcel preventiva en 2017. Esa prisión preventiva fue la causa de su salida de la política, aunque ya no ejercía la presidencia de la Comunidad de Madrid.
En su testimonio, Aguirre recordó que el proyecto pretendía sustituir el helipuerto usado por José Bono y el rey emérito Juan Carlos I por una zona verde de bajo coste. Afirmó que el coste sería mínimo, describiéndolo como «poner hierba artificial y bolas».
El Ayuntamiento de Madrid, bajo la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón, rechazó la licencia del proyecto, lo que obligó a Aguirre a declararlo de «interés general».
Según la Fiscalía, el Canal de Isabel II adjudicó el contrato a Dragados con la condición de subcontratar a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), empresa cuyos socios eran el hermano y cuñado de González. El escrito de acusación indica que los familiares de González ocultaron su titularidad mediante personas interpuestas.
Tres años antes, otro de sus hombres de confianza, el entonces consejero de Presidencia Francisco Granados, había sido detenido y enviado a prisión en el marco del caso Púnica.
Aunque Aguirre fue imputada por financiación irregular del PP madrileño, el juez Manuel García Castellón archivó la causa contra ella.
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y una multa de 550.000 euros por cohecho para González, su hermano Juan Pablo González, su cuñado Juan José Caballero y un cuarto acusado.
Sobre su salida de la política «por responsabilidad política», Aguirre afirmó: «Creo en la presunción de inocencia, pero cuando un juez mete en la cárcel a un político es que tiene indicios muy fundados de que ha cometido irregularidades».
Antes, en Capitol
18 de octubre. Esperanza Aguirre testificará en el caso Lezo. La Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para cada acusado en el caso Lezo.
Cobertura de Capitol
Corrección (22/10/2026): una versión anterior del titular decía que Esperanza Aguirre «denuncia amaños» de Ignacio González; en su declaración como testigo aseguró que no sabía nada de ellos.
Comentarios