Redacción Capitol·18 de octubre de 2026·3 min de lectura
La Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para cada acusado en el caso Lezo
Las claves
El caso Lezo investiga presuntas irregularidades en dos contratos del Canal de Isabel II vinculados a un campo de golf.
En 2017 Aguirre dimitió como portavoz y concejala tras la detención de González.
La Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para cada acusado.
En 2004 la dirección del Canal, con Ildefonso de Miguel e Ignacio González, modificó el concurso para beneficiar a familiares de González.
Dragados recibió la adjudicación directa el 19 de julio de 2006 en el Consejo de Administración del Canal.
Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y histórica dirigente del PP, comparecerá como testigo el miércoles en el juicio del ‘caso Lezo’ contra su sucesor Ignacio González.
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El caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados a un campo de golf del ente público. En 2017 Aguirre dimitió como portavoz y concejala del Ayuntamiento de Madrid tras la detención de González, quien había sido su número dos entre 2003 y 2012.
Los acusados en el proceso son Ignacio González, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. En la primera jornada del juicio, el martes, los acusados negaron los hechos que se les imputan. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para cada uno como presuntos autores de cohecho y cooperadores necesarios.
Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento para el uso público de sus instalaciones y convocó un concurso para la cubierta del tercer depósito. En junio de 2004 la dirección del Canal, liderada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, modificó el concurso para beneficiar a familiares de González, sin convocar una nueva licitación. Dragados fue adjudicatario directo del contrato modificado en la sesión del Consejo de Administración del Canal el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González y de Miguel.
TCT, sin capacidad técnica, se benefició indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo al menos 504.780 euros de fondos públicos. El 15 de junio de 2006 Dragados subcontrató a TCT por 160.204,79 euros para la ejecución de un hoyo de prueba en el campo de golf. Posteriormente, cuatro anexos elevan el importe total subcontratado a 3.067.864,83 euros.
TCT emitió trece facturas contra Dragados por 3.257.039 euros y obtuvo un beneficio de 381.029 euros por su intermediación innecesaria. Fieldturf y Onlygolf facturaron a TCT 270.204 euros y 2.605.805 euros respectivamente, sumando 2.876.010,16 euros. Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 los acusados repartieron los beneficios según un plan documentado.
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El hermano de González, bajo el seudónimo ‘PG’, recibió 101.348 euros en 20 entregas en efectivo. El cuñado, bajo el seudónimo ‘JJC’, cobró 94.425 euros en once entregas. José Antonio Clemente, bajo el seudónimo ‘JCM’, percibió 71.199 euros.
En 2006 el Canal adjudicó la gestión de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones. La UTE constituyó la sociedad Green Canal Golf, que firmó la concesión en 2007 y subcontrató posteriormente los trabajos.
