El Sindicato Profesional de la Ertzaintza reclama a Bingen Zupiria respuestas documentadas sobre la gestión de los indicios del control de Escoriaza del 26 de septiembre y sobre la protección de los agentes
El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha exigido al consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, explicaciones sobre la gestión de la investigación y sobre las medidas adoptadas para proteger a los agentes cuyos datos podrían haber quedado comprometidos.
El sindicato solicita documentación sobre la valoración de los indicios, las alternativas contempladas, quién asumió la responsabilidad operativa y cuándo se informó a los cuerpos policiales potencialmente afectados. En su comunicado, Si.P.E. afirma que los derechos de los investigados se respetan, pero la seguridad de los policías también debe garantizarse.
El 26 de septiembre, la Ertzaintza identificó en un control de tráfico en Escoriaza a tres ocupantes de un Toyota, entre ellos Aratz Bilbao Gómez y Malen Grünig Ibáñez, vinculados a la coordinadora abertzale Jardun. El tercer ocupante era un ciudadano irlandés al que distintas informaciones relacionan con la disidencia del IRA. Durante la intervención los agentes incautaron material sensible, incluidos planos de antiguos zulos de ETA, listados de guardias civiles, anotaciones de matrículas y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional.
Según informaciones periodísticas, los tres ocupantes del vehículo viajaron al sur de Francia el 27 de septiembre, horas después del control policial, y fueron detectados después por la Policía francesa. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña consideró que Bilbao desempeñaba un papel de responsabilidad dentro de Jardun y lo señaló como uno de los principales impulsores de la organización. Bilbao y Grünig se presentaron el 17 de octubre en la comisaría de Irún acompañados por su abogado y fueron puestos en prisión provisional.
El consejero Zupiria defendió el 21 de octubre la actuación de la Ertzaintza argumentando que los sospechosos no estaban cometiendo un delito «in fraganti» que justificara su detención. Un comunicado interno de la Ertzaintza indica que, según las comprobaciones realizadas, no consta que entre los efectos incautados hubiera datos personales de agentes de la propia Ertzaintza.
El sindicato concluye que los ertzainas cumplen con su trabajo, pero sus responsables deben responder por el suyo.
Antes, en Capitol
21 de octubre. La Ertzaintza dejó marchar a Aratz Bilbao, «líder» de Jardun, tras identificarle con datos de policías y un zulo de ETA. Aratz Bilbao, enviado el martes a prisión provisional, quedó libre tras un control en Escoriaza el 26 de septiembre y no fue detenido hasta que se entregó en Irún veintiún días después.
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