Alfonso Garrido, exdelegado del Gobierno en Andalucía durante casi 11 años, se pregunta «¿Dónde está?» por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante las manifestaciones violentas y pone el foco en la responsabilidad de los mandos políticos.
Las claves
- La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, del derecho de reunión establece que las manifestaciones no se autorizan, sino que se comunican.
- La prohibición de una manifestación solo procede si existen fundadas razones de alteración del orden público.
- Garrido afirma que la falta de comunicación de las manifestaciones deja la decisión final en manos del mando policial presente.
- El exdelegado diferencia entre manifestantes de buena fe y quienes buscan confrontación.
- Garrido niega que los policías y guardias civiles sean de ultraderecha, calificándolo de «mantra».
Durante una entrevista en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, el exdelegado recordó que, según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los delegados del Gobierno ostentan el «mando directo» de la policía y la Guardia Civil en su territorio, lo que implica una responsabilidad política en la transmisión y ejecución de órdenes.
Explicó que la ley del derecho de reunión, aprobada en 1983 durante el primer Gobierno de Felipe González, establece que las manifestaciones no se autorizan sino que se comunican, y que la prohibición solo procede con fundadas razones de alteración del orden público. La clave para prohibir, según Garrido, es el «trabajo de información policial previo» que permite a la autoridad actuar cuando existen datos de posibles altercados.
Garrido lamentó que «no se están comunicando, prácticamente, las manifestaciones», lo que genera una «vía de hecho» donde la decisión final recae en el mando policial presente en el lugar. Señaló la diferencia entre manifestantes de buena fe, a quienes «se arregla», y quienes adoptan la actitud de «aquí me quedo y aquí me tienen que echar», provocando la aparición de agresores con bates o puños americanos.
El exdelegado rechazó rotundamente el «mantra» de que todos los policías y guardias civiles son de ultraderecha, afirmando que «Los policías y guardias son policías y guardias». Citando al catedrático Juan Antonio Carrillo Salcedo, recordó que las fuerzas de seguridad pasaron de ser «las fuerzas de orden público de la dictadura» a «fuerzas de garantías de las libertades».
Garrido aseguró que si un agente «se pasa de la raya», los primeros en denunciar son sus propios compañeros y la cadena de mando. Reveló que en casi 11 años de mandato nunca recibió una instrucción de Felipe González, Alfonso Guerra, Pepe Barrionuevo ni José Luis Corcuera, entre otros.
Al ser preguntado si la inacción de algunos mandos podría constituir delito de prevaricación, lo calificó de «muy difícil» desde el punto de vista jurídico. Sí dejó en el aire una pregunta sobre la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la gestión de la crisis: «¿Dónde está?».
Sobre el anuncio de Felipe González de que votará en blanco, Garrido comentó que es un sentir «muy extendido en el partido», señalando la división entre los logros sociales del gobierno y la dificultad de aceptar a Pedro Sánchez como secretario general por una «falta de vida orgánica».
Cobertura de Capitol
Corrección (23/10/2026): el titular decía que Garrido culpa a Grande-Marlaska y las claves fechaban la ley del derecho de reunión en agosto de 1983; Garrido pregunta dónde está el ministro y la ley es de 15 de julio de 1983.
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