Una jueza investiga el contrato de emergencia de 12,5 millones del paseo marítimo de Matalascañas

La jueza Rosa García Lorenzo, de La Palma del Condado, pide al Ayuntamiento de Almonte el expediente del contrato de emergencia del paseo marítimo de Matalascañas, una obra de 12,5 millones pagada con fondos del Gobierno central

La magistrada Rosa García Lorenzo, titular de plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado, solicitó al Ayuntamiento de Almonte el expediente completo del contrato de emergencia para la reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas, situado a las puertas del Parque Nacional de Doñana.

La obra, presupuestada en 12,5 millones de euros y financiada íntegramente con fondos del Gobierno central para reparar infraestructuras dañadas por los temporales, pasa ahora a formar parte de la macrocausa que inicialmente se centraba en los contratos de la zona azul de Matalascañas y del aparcamiento municipal de El Rocío.

El Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, que actúa como Policía Judicial, ya está analizando contratos municipales por un valor cercano a los 250 millones de euros. El contrato de emergencia surgió tras los graves destrozos provocados por las borrascas de enero y febrero de 2026, cuando las fuertes mareas arrasaron un tramo de 1.074 metros de longitud, obligando al desalojo preventivo de una quincena de vecinos.

Para contener el avance del agua, el proyecto contempló la construcción de una escollera de protección exterior al muro de ribera. El Ayuntamiento adjudicó los trabajos de manera directa a la constructora Matías Arrom Bibiloni S.L. (MAB) mediante la vía de emergencia, eludiendo el concurso público y cualquier tipo de licitación ordinaria.

El presupuesto inicial, fijado en 10.283.708 euros, se incrementó hasta alcanzar los 12,5 millones de euros gracias a una ayuda procedente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro de un paquete de ayudas estatales que para Almonte ascendió a 23,7 millones de euros. El alcalde, Paco Bella (Ilusiona), celebró que era «la subvención más importante que ha recibido este Ayuntamiento en toda su historia».

Aunque el paseo marítimo fue inaugurado el pasado 25 de junio, el equipo de gobierno no ha facilitado el expediente al grupo Almonte 100×100, pese a sus reiteradas solicitudes durante los últimos nueve meses. La obra no está supervisada por un funcionario municipal, sino por personal contratado directamente por la constructora MAB.

MAB también ejecutó el asfaltado necesario para habilitar 6.600 plazas de aparcamiento en la zona azul de Matalascañas, como subcontrata de la mercantil Dornier S.A., cuya concesión total ascendió a 47 millones de euros. En el contrato del aparcamiento de El Rocío figuraba también la sociedad Progestyona S.L., vinculada al empresario José Antonio Reales Martínez-Losa, quien asumió la gestión en enero de 2026 por diez años.

La Guardia Civil ha puesto la lupa en la adjudicación de la gestión de los aparcamientos de El Rocío en años anteriores, donde se alternaron tres procedimientos distintos (cesión directa en 2024 y concurso público en 2025) que recayeron en sociedades vinculadas al mismo grupo empresarial. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el Grupo Reales acumuló 26 contratos menores por un importe conjunto de 440.318 euros, de los que 16 rondaban los 15.000 euros, situándose justo por debajo del umbral legal para procesos sin concurrencia.

Otras obras bajo sospecha incluyen la rehabilitación del Bodegón de Serafín (2024), la ampliación del cementerio municipal adjudicada en octubre de 2026 a Progestyona, y la remodelación del Parque Alcalde Mojarro por 200.000 euros. Las diligencias previas, iniciadas tras una denuncia presentada en la Comandancia de la Guardia Civil en 2025, se encuentran en fase preliminar de análisis de miles de folios y toma de declaraciones, sin que aún se haya citado a ningún responsable político o empresario como investigado.