El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso cloacas, dictó este viernes una providencia que obliga al PSOE a entregar en quince días los contratos de abogados y consultoras
Las claves
- Pedraz rechaza que la consulta al Consejo General de la Abogacía suspenda la investigación.
- El magistrado acusa al PSOE de intentar «reabrir artificialmente» un debate ya resuelto.
- Pedraz señala que ninguna ley permite paralizar una diligencia judicial mediante actuaciones extraprocesales.
- La resolución del 6 de octubre excluye la información protegida por el artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía.
- Pedraz critica que el PSOE no identifique documentos concretos afectados por el secreto profesional.
Pedraz acusa al partido de pretender «reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional» y le exige la entrega «sin más demora» tras los requerimientos del 6 y 21 de octubre.
El juez desmonta una a una las razones esgrimidas por el PSOE, como la consulta al Consejo General de la Abogacía, el secreto profesional, la dispersión documental y la carga de trabajo política. Pedraz recuerda que la consulta al Consejo, promovida por el propio partido, «carece de todo efecto suspensivo» y que ninguna ley permite paralizar una diligencia judicial.
El magistrado rechaza que el calendario de la causa quede pendiente de la respuesta del Consejo y advierte que el obligado al requerimiento no puede sustraerse mediante actuaciones extraprocesales. La apelación general al secreto profesional también es descartada; la resolución del 6 de octubre ya excluía la información protegida por el artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía.
Pedraz censura que la contestación del PSOE no identifique documentos concretos ni justifique la supuesta afectación del secreto profesional. Según la providencia, el PSOE invoca de forma «genérica e indiscriminada» la protección del secreto para todo el conjunto de papeles reclamados.
Pedraz subraya que la documentación es necesaria para verificar el cumplimiento normativo y que el partido solo puede oponerse si entiende que le incrimina. Las alegaciones de dispersión documental y falta de archivo centralizado son consideradas problemas internos del propio PSOE, «exclusivamente imputables al propio requerido».
El objetivo es reconstruir relaciones profesionales y económicas que el juez considera esenciales dentro de la investigación del caso cloacas.
El caso cloacas, investigado por la UCO, persigue una presunta organización que habría intentado desestabilizar procedimientos judiciales perjudiciales para el PSOE, el Gobierno y su presidente. Entre los investigados figura Leire Díez, vinculada a las maniobras analizadas por los agentes.
El 9 de octubre Pedraz rechazó atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada por falta de principio de prueba suficiente, aunque dejó abierta la posibilidad en futuras diligencias. La causa también examina los pagos, autorizaciones, mecanismos internos de supervisión del partido y el papel del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
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