La Abogacía de Baleares estudia recurrir el real decreto que concede 180 millones en subvenciones directas a las comunidades con zonas de mercado residencial tensionado, que el Govern considera una «discriminación»
Las claves
- Baleares no ha declarado esas zonas y considera la medida una discriminación.
- Antoni Costa, portavoz del Ejecutivo, dijo que la Conselleria presentó alegaciones al proyecto.
- Costa afirma que esas alegaciones fueron ignoradas por el Gobierno de España.
- Según Costa, el real decreto rompe el principio de igualdad territorial.
- Costa sostiene que la distribución de fondos debe basarse en criterios objetivos como precios de alquiler y compra.
El decreto beneficia únicamente a aquellas comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, excluyendo a Baleares, que no ha realizado tal declaración.
Para el Govern, esa exclusión es «claramente» una «discriminación» hacia las comunidades que no han declarado esas zonas, entre ellas Baleares.
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, recordó que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad había presentado alegaciones al proyecto de decreto. Costa sostuvo que esas alegaciones fueron «ignoradas» por el Gobierno de España, sin que se incorporaran al texto final.
El portavoz explicó que, a su entender, el real decreto «rompe el principio de igualdad territorial» al asignar fondos sin seguir criterios objetivos.
Entre los criterios objetivos que, según Costa, deberían considerarse están la evolución de los precios del alquiler y la compra de vivienda. También citó los niveles de esfuerzo económico de los hogares, la escasez de oferta residencial y la presión demográfica como indicadores clave.
El Govern calificó el real decreto como una norma que «no solo no atiende estas necesidades objetivas» de las autonomías, sino que «adopta criterios discrecionales».
«Estamos analizando la vía del recurso a los tribunales», concluyó Costa.
Cobertura de Capitol
Comentarios