El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), anunció este lunes una rebaja del 58 % en el presupuesto de cooperación al desarrollo para 2027
Las claves
- La partida de cooperación al desarrollo bajará de 6,6 a 2,7 millones de euros para cubrir únicamente compromisos ya adquiridos.
- Pollán aseveró que «ningún euro» público financiará a entidades que promuevan la inmigración ilegal.
- Pollán recordó que la competencia en gestión de flujos migratorios corresponde al Estado (nacionalidad, extranjería y asilo).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, explicó que la partida bajará de 6,6 a 2,7 millones de euros, limitándose a cubrir compromisos ya adquiridos.
El ahorro de casi cuatro millones de euros se empleará para reforzar las ayudas a la conciliación de las familias castellanas y leonesas.
Pollán afirmó que «ningún euro» público financiará a entidades que participen en la promoción de la inmigración ilegal. Indicó que la cooperación que permanezca priorizará a los países que colaboren con la administración autonómica en el retorno de los menores extranjeros no acompañados (menas) con sus familias.
El acceso a los fondos autonómicos se articulará bajo el principio de prioridad nacional, con un periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento, vinculando el acceso a la trayectoria de cotización y permanencia.
Pollán anunció que la Junta revisará todas las subvenciones, convenios y conciertos y auditará anualmente los gastos asociados a la inmigración irregular para ajustarlos al mínimo que exige la ley.
Respecto a la competencia en gestión de flujos migratorios, recordó que es el Estado la administración que ostenta las atribuciones en materia de nacionalidad, extranjería y asilo. Añadió que el interés superior de los menas es estar en sus países de origen, con sus familias.
En el ámbito del bienestar social, confirmó un incremento del 56 % en los programas desarrollados con el Tercer Sector, dotados con 13,6 millones de euros. Advertió que la Administración autonómica introducirá modificaciones en las bases reguladoras para asegurar que las ayudas se dirijan exclusivamente a personas vulnerables en situación regular en España.
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