En la misma sesión el Pleno aprueba otra moción socialista para exigir a la Diputación una aportación económica para la ampliación y modernización del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi)
El Pleno del Ayuntamiento de Vigo aprobó este lunes por unanimidad una moción del grupo socialista para reclamar a la Xunta que atienda las demandas de los vecinos afectados por los Proyectos de Interese Autonómico (PIA) y les pague compensaciones justas por las expropiaciones de viviendas y fincas en el Ofimático y en Ramón Nieto-Santa Cristina.
María José Caride, concejala de Urbanismo, defendió que la ciudad necesita esas viviendas, tras años de gobiernos del PP en la Xunta con apenas unas decenas de pisos protegidos y ninguno de alquiler social. Caride añadió que no deben tramitarse con los PIA, que, dijo, «se lleva por delante los derechos de los vecinos y del Ayuntamiento». Recordó que las actuaciones afectan a más de 400 propietarios y unas 85 viviendas, y reclamó una compensación justa y una «mesa de diálogo» con los afectados.
Xabier Pérez Igrexas, portavoz del BNG, coincidió en pedir vivienda pública y atención a los vecinos, pero criticó los PIA por ser «una barra libre» para la Xunta. Propuso, además, movilizar el parque de viviendas vacías como alternativa.
Fernando G. Abeijón, del PP, aseguró que su grupo defenderá los intereses y derechos de los vecinos. Matizó que la Xunta ya se ha reunido con ellos y seguirá haciéndolo, «lo contrario» de lo que, dijo, hace Caballero con los afectados por la nueva autovía en Bembrive.
La segunda moción contó con los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP, cuya enmienda fue rechazada.
Carlos López Font, portavoz socialista, defendió que la Diputación, que forma parte del órgano de gobierno del recinto ferial y «pone cero euros», debe aportar al menos lo mismo que Zona Franca, 20 millones, ya que está «obligada».
Luisa Sánchez, portavoz del PP y vicepresidenta de la Diputación, calificó la petición de «reacción infantil» y acusó al alcalde de querer «echar» a la Diputación del patronato. Su enmienda pedía reclamar aportaciones a las demás instituciones del patronato y explicar por qué no se exigió dinero a la Diputación cuando la gobernaba Carmela Silva.
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