La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó este lunes la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito de cohecho relacionado con su viaje a México
Las claves
- La fiscal consideró que no existen indicios objetivos de que Ayuso recibiera o aceptara una ventaja a cambio de su cargo.
- La denuncia se apoyó en informaciones periodísticas y en diferencias entre los gastos publicados.
- Otros miembros de la delegación declararon cantidades superiores por transporte, alojamiento y manutención.
- La denuncia fue presentada el 21 de agosto de 2026 por Francisco Javier Flores Vaquerizo.
- La fiscal señaló que la ausencia de gastos en el portal no permite concluir que un tercero haya pagado con relevancia penal.
El viaje institucional se realizó del 2 al 11 de mayo de 2026 y había sido objeto de escrutinio por supuestas irregularidades en su financiación.
Según la resolución, la fiscal no encontró indicios objetivos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid recibiera o aceptara un regalo o ventaja a cambio de su cargo público. El texto subraya que los hechos relatados no presentan, en el estado en que han sido denunciados, caracteres de delito.
La denuncia, presentada el 21 de agosto de 2026 por el abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo, se apoyó fundamentalmente en informaciones periodísticas y en diferencias entre los gastos publicados. El escrito señalaba que el Portal de Transparencia mostraba solo dos gastos del desplazamiento, por un total de 623,28 euros.
Otros integrantes de la delegación declararon cantidades superiores por conceptos como transporte, alojamiento o manutención, lo que motivó la sospecha de que una tercera persona hubiera sufragado parte del viaje. Entre las hipótesis se mencionaron los organizadores de los Premios Platino y otras entidades vinculadas al desplazamiento, aunque la denuncia no identificó a un pagador concreto.
Para esclarecer los hechos, el denunciante solicitó 23 grupos de actuaciones, incluyendo la reclamación de facturas, reservas de vuelos y hoteles, y datos bancarios y tributarios de terceros. La Fiscalía consideró que esas diligencias pretendían averiguar una posible prestación delictiva más que partir de indicios objetivos, y advirtió que una investigación penal no debe convertirse en una indagación general.
La fiscal también señaló que la ausencia de determinados gastos en el portal y la falta de explicaciones públicas no permiten concluir, por sí solas, que un tercero haya realizado un pago con relevancia penal. No consta la identidad de un posible pagador, la aceptación consciente de una ventaja por parte de Ayuso ni una relación entre una hipotética prestación y sus funciones públicas.
Finalmente, la Fiscalía consideró desproporcionada la amplitud de las actuaciones solicitadas, que incluían datos bancarios, tributarios y económicos de terceros y de ejercicios anteriores.
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