Las claves
- Eisenkot y parte de la oposición exigen aclarar la responsabilidad del gobierno en la falta de previsión y respuesta a los ataques de Hamás de 2023.
- Se investiga si Netanyahu recibió regalos de lujo de empresarios o favoreció leyes para aliados.
- Netanyahu pidió indulto antes de cualquier condena y usó operaciones militares como excusa para retrasar vistas judiciales.
El primer ministro Benjamín Netanyahu se juega su cargo en las elecciones legislativas de Israel. Su principal rival Gadi Eisenkot anunció que, de ganar, pondrá en marcha una investigación para comprobar la responsabilidad de Netanyahu por no evitar los atentados del 7 de octubre.
Eisenkot y parte de la oposición llevan tiempo exigiendo que se aclare la responsabilidad del actual primer ministro y de su gobierno en la falta de previsión y escasa respuesta inmediata a los ataques de Hamás de 2023.
Netanyahu está siendo juzgado desde el año 2020 por la supuesta comisión de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. En esos casos se investiga si recibió regalos de lujo de empresarios o si favoreció la aprobación de leyes para favorecer a aliados. El mandatario ha llegado a pedir el indulto antes incluso de que haya condena y ha utilizado las operaciones militares de Israel contra Palestina, Irán, Líbano o Siria como excusa para retrasar las vistas.
Esa capacidad de influir en el procedimiento judicial contra él se reduciría notablemente si pierde las elecciones.
La orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu se mantendría vigente aunque dejara de ser primer ministro. Los estatutos de la Corte establecen que el cargo no exime de la responsabilidad penal, pero existen dudas porque Israel no reconoce al tribunal. El derecho internacional reconoce inmunidad a los jefes de gobierno en ejercicio ante tribunales nacionales de otros países.
Por tanto, aunque no es un efecto jurídico automático, su posición política y diplomática quedaría debilitada si ya no dirige el rumbo de su país y podría perder la inmunidad vinculada al cargo de primer ministro en la jurisdicción penal de otros Estados.
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