El tribunal confirma que la jueza instructora decidió no ampliar las pesquisas sobre la muerte de tres familiares en Godelleta, considerándola innecesaria
Las claves
- Acusación buscaba comprobar compatibilidad de la declaración de Reme Mazzolari con registros institucionales.
- Auto de la Sección Segunda considera insuficientes los elementos para ampliar la investigación.
- Magistrados advierten que la investigación penal requiere indicios de hecho punible por una persona.
- Representación solicitó a la Diputación de Valencia documentación del Área de Carreteras y protocolos de emergencia.
- También se reclamó información sobre sistemas informáticos, accesos y alertas durante las lluvias.
La Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de una acusación particular en la causa de la dana. La resolución confirma la decisión de la jueza instructora de no ampliar las pesquisas sobre la muerte de tres familiares cuyo vehículo fue arrastrado por el agua en el entorno de Godelleta.
La acusación buscaba comprobar si la declaración de la vicepresidenta y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, era compatible con los registros institucionales, pues ella afirmó no conocer la gravedad de la emergencia hasta aproximadamente las 19 horas mediante la televisión. El auto dictado por la Sección Segunda consideró que no se habían aportado elementos objetivos suficientes para justificar una investigación más amplia en ese sentido.
Los magistrados advirtieron que «la investigación penal no es una investigación general sobre un hecho, deben existir indicios de la comisión de un hecho punible por una persona». La representación de la perjudicada había solicitado a la Diputación de Valencia documentación sobre el Área de Carreteras, protocolos de emergencia, incidencias, órdenes de corte y comunicaciones con la DGT, la Guardia Civil, el 112 y el Cecopi. También se reclamó información sobre los sistemas informáticos, sus registros de acceso, modificaciones de datos y alertas generadas durante el episodio de lluvias.
Según una familiar, las víctimas salieron de su domicilio en Calicanto, Godelleta, sobre las 16.40 horas para recoger a un menor en el colegio Mariano Serra de Aldaia. La familiar supo que habían salido aproximadamente a las 17.15 horas tras llamar al centro educativo. Días después, un conductor de autobús y un taxista relataron que el vehículo fue arrastrado por el agua en el entorno del Pont de Godelleta, donde confluyen el barranco de Pelos y el del Poyo.
La Audiencia compartió el criterio de la instructora sobre la reconstrucción del itinerario y señaló que «una eventual reconstrucción policial se revela innecesaria». El tribunal reconoció que «se desconoce el punto exacto en el que fue arrastrado el vehículo».
En delitos por omisión, el tribunal recordó que no basta con un deber genérico, sino que debe existir una obligación jurídica específica, que en este caso no recaería sobre Mazzolari sino sobre la exconsellera Salomé Pradas y su número dos Emilio Argüeso, ambos investigados. Los magistrados añadieron que «no basta con argumentaciones genéricas basadas en los principios de cooperación o coordinación» para abrir investigaciones que involucren a distintas administraciones.
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