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Imputados nueve sindicalistas de vivienda y el portavoz de EU-Podem en Alicante, Manolo Copé, por frenar un desahucio
El Debate (España)

Imputados nueve sindicalistas de vivienda y el portavoz de EU-Podem en Alicante, Manolo Copé, por frenar un desahucio

Un juzgado de Alicante ha citado como investigados el 17 de diciembre a nueve miembros de los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Nord y al portavoz de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, por una protesta contra un desahucio en 2025

·27 de octubre de 2026·1 min de lectura

Un juzgado de Alicante ha citado como investigados el 17 de diciembre a nueve miembros de los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Nord y al portavoz de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, por una protesta contra un desahucio en 2025

Las claves

  • Están citados el 17 de diciembre por posible resistencia o desobediencia a la autoridad.
  • La protesta, del 16 de julio de 2025, intentaba frenar el desalojo de un matrimonio de más de 65 años.
  • Los sindicatos sostienen que la libertad de expresión y de protesta amparaba la convocatoria.

Nueve miembros de los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Nord de Alicante y el portavoz de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, han sido citados como investigados por posible «resistencia o desobediencia a la autoridad». Comparecerán el 17 de diciembre ante la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, según informó este martes el Sindicat de Vivenda Carolines en un comunicado.

La causa se refiere a la protesta del 16 de julio de 2025 en la calle Benilloba, convocada para frenar el desalojo de un matrimonio mayor de 65 años sin alternativa de vivienda. Según los sindicatos, el piso había sido del fondo Promontoria Coliseum y se vendió a un inversor extranjero con numerosos inmuebles mientras el matrimonio seguía viviendo en él.

Los sindicatos defienden que «la libertad de expresión y protesta amparaban la convocatoria» y que apoyar a una familia vulnerable y defender el derecho a la vivienda «no deberían ser constitutivos de delito». Añaden que la citación se suma a multas de miles de euros a los colectivos de vivienda y la atribuyen a un aumento de la represión de los movimientos sociales, también en la educación.

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