El consejero Manuel Miranda ha defendido este jueves en el Parlamento de Canarias la actualización de la normativa urbanística de 2017 para acortar plazos y prohibir nuevos suelos, mientras que los cabildos han exigido recursos humanos y materiales para aplicarla.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido este jueves la renovación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias para actualizar una norma de 2017 que ya ha cumplido con sus objetivos. Durante su intervención en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento regional, el consejero ha señalado que la legislación anterior ha sido una «herramienta eficaz que ha posibilitado 250 modificaciones de planeamiento municipal y más de 30 modificaciones de las herramientas de planificación insular». Ahora toca una actualización centrada en acortar plazos y en «contener» la expansión de suelo urbanizable, según ha indicado el responsable autonómico.
Las líneas principales del nuevo texto incluyen la prohibición de clasificar nuevos suelos, la agilización de licencias y una definición más precisa de la figura del silencio administrativo, según ha detallado Manuel Miranda. El consejero ha afirmado que la futura normativa «ha alcanzado un alto grado de madurez y aceptación» por parte de las administraciones públicas. Los representantes de los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife presentes en la comisión han compartido el contenido de la norma, aunque han matizado que las islas necesitan medios materiales y humanos para poder cumplirla.
Asimismo, los cabildos han puesto de relieve que cada isla es diferente y que esa diversidad se refleja en su planeamiento y en sus posibilidades de control. Entre las ausencias destacadas en la sesión parlamentaria ha figurado la de Gran Canaria, que remitió un escrito con consideraciones críticas ante la posible aprobación de la ley a pocos meses de disolverse la Cámara.
La diputada de Coalición Canaria Socorro Beato ha señalado que «los cabildos tienen mucho que aportar» en el reto demográfico, las energías renovables y la vivienda, y ha añadido que «dar respuesta efectiva y rápida a los problemas de la ciudadanía» debe constituir la esencia de la nueva ley del suelo. Por su parte, la diputada del Grupo Popular Luz Reverón ha manifestado su apoyo a las nuevas tramitaciones y al planeamiento previsto. En contraste, Nueva Canarias y el PSOE han criticado con dureza el procedimiento seguido por el Ejecutivo autonómico.
La diputada socialista Nayra Alemán ha denunciado que el texto, compuesto por 4.807 páginas, se les hizo llegar apenas un día antes de la comisión parlamentaria y «sin índices ni herramientas» para trabajar sobre él. En la misma línea se ha quejado la diputada de Nueva Canarias Esther González, mientras que Nayra Alemán ha pedido a los grupos un pacto para posponer la tramitación a la siguiente legislatura con el fin de debatirla adecuadamente. El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha reprochado a la Mesa de la Comisión la acumulación de dos puntos en el orden del día al tratarse de una actualización muy compleja.
Desde Fuerteventura, el consejero insular Adargoma Rodríguez ha calificado la reforma de necesaria y ha defendido el respeto a la planificación de cada territorio. El representante majorero ha mostrado su rechazo a que los grandes proyectos audiovisuales puedan quedar exentos de licencias urbanísticas y ejecutarse a pesar de ser disconformes con el planeamiento. Sobre la protección del suelo agrícola y ganadero y las instalaciones energéticas, Rodríguez ha señalado que Fuerteventura apoya las renovables «de una manera ordenada, respetando el paisaje y al sector primario».
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha respaldado la simplificación de los procedimientos administrativos. Asimismo, Reyes ha reconocido la utilidad de los proyectos de interés insular para captar inversiones, aunque ha reclamado una mayor «coordinación» con los ayuntamientos. Por otro lado, la Comisión ha examinado el proyecto de ley de movilidad sostenible, cuya tramitación parlamentaria busca modernizar el transporte y reducir la emisión de gases en las islas.
Sin embargo, diversos grupos han advertido de que la efectividad de la norma queda condicionada a una ficha financiera de la que actualmente carece. La diputada de Nueva Canarias Esther González ha tildado la iniciativa de «un envoltorio verde» carente de contenido y de posibilidades reales de aplicación por parte de los ayuntamientos y cabildos. Desde el grupo socialista, Manuel Hernández ha reclamado transformar las buenas intenciones en una ley efectiva que mejore los desplazamientos de más de 2 millones de habitantes mediante partidas económicas concretas.
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