Aún no ha citado a nadie a declarar y por ahora no comenta la petición de Vox de indagar en los fondos europeos para la señalización tras el choque de trenes de Urda.
Las claves
- Los fiscales han reclamado al Ministerio de Transportes la documentación de los contratos del tramo donde ocurrió el siniestro.
- La Fiscalía Europea rechaza hacer comentarios sobre el choque de Urda.
- Vox ha pedido en el Parlamento Europeo que se aclare si se usaron ayudas comunitarias en la renovación de la señalización de la línea Madrid-Sevilla.
La investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en fondos europeos destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla en el que ocurrió el accidente de Adamuz (Córdoba) sigue abierta, según fuentes del propio organismo. Estas indican que se practican diligencias aún pendientes de completar y que esperan obtener pronto «avances importantes».
La pesquisa se conoció en enero, semanas después del descarrilamiento de un tren de Iryo en Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos. Los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas Blánquez reclamaron entonces al Ministerio de Transportes que identificara los contratos y expedientes del tramo donde se produjo el siniestro. Trabajan en coordinación con el Juzgado de Montoro (Córdoba), a cargo de Cristina Pastor, y con la Guardia Civil, designada policía judicial.
Por el momento, según las mismas fuentes, nadie ha sido citado a declarar, aunque no descartan que se produzcan comparecencias de testigos e investigados.
La investigación guarda relación con una subvención de 111.646.340 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que la Comisión Europea aprobó en junio de 2024 para mejorar la línea andaluza de alta velocidad. En 2022, la UTE Guadalmez-Córdoba, formada por Azvi, Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA) y Contratas y Ventas (FCC), obtuvo el contrato para acondicionar el tramo entre Guadalmez (Ciudad Real) y Córdoba, de 80,7 kilómetros, por 52.492.342 euros.
El 5 de octubre, el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria. Preguntado por la senadora del PP Carmen Belén López Zapata, indicó que hasta entonces su compañía no había recibido ninguna petición de documentación de la Fiscalía Europea.
Mientras tanto, la instrucción judicial avanza. Esta semana, la jueza ha requerido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil que entregue con la mayor brevedad las grabaciones de la inspección de las rodaduras de los trenes que pasaron antes por el mismo tramo, realizadas durante la visita de sus investigadores técnicos al taller Santa Catalina, en Madrid. Además, ha citado para el 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe y a los peritos judiciales para descifrar los datos de las cajas negras.
Por otra parte, Vox llevó ayer, jueves, al Parlamento Europeo el choque de trenes de Urda (Toledo) y quiere saber si se usaron ayudas comunitarias en renovar la señalización de la línea Madrid-Sevilla y si se cumplieron los compromisos de las obras. En una pregunta dirigida a la Comisión Europea, el eurodiputado Jorge Buxadé solicita que se identifique la financiación europea vinculada a los contratos de modernización y la documentación que presentó el Gobierno español para acreditar ese cumplimiento. También pide que se aclare si España llegó a certificar la sustitución efectiva del sistema de seguridad en el tramo afectado. Preguntada por este asunto, la Fiscalía Europea rechaza hacer comentarios por el momento.
Antes, en Capitol
29 de octubre. Las ayudas al transporte de 2025 superan en casi 450 millones el gasto de Adif en mantener las vías. Entre 2022 y 2025 las ayudas al transporte crecieron más de un 130 % y el mantenimiento ordinario de las vías, alrededor de un 13 %, una brecha que las tragedias de Adamuz y Urda han puesto en el centro del debate.
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