La ‘Operación Jabany’ libera a seis adolescentes subsaharianas y detiene a cinco personas, incluyendo un menor, por falsificar documentos para trasladarlas a Europa
Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una red criminal en Gran Canaria que captaba, falsificaba documentos y trasladaba a menores subsaharianas no acompañadas bajo tutela del Gobierno de Canarias para su explotación sexual en Europa. La Operación Jovany, ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Comandancia de Las Palmas, culminó con la liberación de seis adolescentes —dos víctimas de trata y cuatro en riesgo inminente de ser trasladadas— y la detención de cinco personas, entre ellas un menor de edad.
La investigación reveló que la trama operaba desde el interior de los centros de acogida del Ejecutivo autonómico, donde identificaba a menores en situación de extrema vulnerabilidad: sin redes familiares en España, con barreras lingüísticas y con intención de continuar su migración hacia Europa Central. Los miembros de la red contactaban con las jóvenes ofreciéndoles empleos falsos en la Península o Francia, facilitándoles pasaportes y documentos de identidad alterados o pertenecientes a terceros con rasgos físicos similares.
La red contaba con una estructura logística dividida en tres núcleos: uno encargado de la captación en los centros, otro de la gestión de billetes y documentación falsa, y un tercero que escoltaba a las menores hasta el aeropuerto de Gran Canaria para garantizar su embarque en vuelos comerciales. Las pesquisas comenzaron tras el testimonio de una víctima que logró escapar de la explotación en Francia y regresó a España, permitiendo reconstruir la ruta de salida de los centros insulares y su posterior reclusión en pisos de prostitución al otro lado de los Pirineos.
Los registros en cinco inmuebles de la isla permitieron incautar documentación falsa, terminales telefónicos, dispositivos informáticos y divisas en efectivo. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, expone las vulnerabilidades del sistema de protección a la infancia en el archipiélago, donde la saturación de recursos facilita la infiltración de redes internacionales de tráfico de personas. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones sobre los receptores de la red en Francia.
El caso reabre el debate sobre la custodia de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, convertidas en un objetivo prioritario para las mafias de proxenetismo transnacional. La fragilidad de los protocolos de protección en la frontera sur atlántica, combinada con la presión migratoria, ha convertido a la región en un punto crítico para la explotación de menores bajo tutela pública.
Fuente: Vozpópuli
