La portavoz de Sanidad de Vox denuncia casos de sarna y tuberculosis en la ciudad autónoma y exige activar el artículo 102 de la Constitución contra la ministra y Pedro Sánchez
La portavoz de Sanidad de Vox, María García Fuster, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de «traición» y ha solicitado su procesamiento junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el colapso sanitario en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio.
En un comunicado, García Fuster ha afirmado que la sanidad en la ciudad autónoma ha reventado, con casos de sarna, tuberculosis e impétigo, y ha denunciado que el Ministerio de Sanidad no ha reforzado las plantillas ni aportado recursos. Según la portavoz, hospitales y centros de salud operan con profesionales que «doblan turnos» y han suspendido intervenciones y consultas programadas, lo que provoca «retrasos diagnósticos y terapéuticos» para los residentes.
García Fuster ha vinculado la situación a la insalubridad y la acumulación de residuos en espacios públicos, además de señalar los «últimos episodios de violencia sexual» como un problema de salud pública. La portavoz ha criticado a Mónica García por afirmar desde su «retiro veraniego» que la sanidad ceutí funciona «con normalidad».
Para activar el artículo 102 de la Constitución —que permite acusar a altos cargos por traición—, Vox necesita el apoyo del PP, ya que su grupo parlamentario no alcanza la mayoría necesaria en el Congreso. Este mecanismo, que no se ha utilizado en la democracia española, exige una mayoría absoluta para su admisión a trámite.
La denuncia de Vox se produce en un contexto de tensión política por la gestión migratoria, donde el Gobierno central ha sido criticado por la oposición por la falta de coordinación con las comunidades autónomas. Ceuta, con una población de 83.000 habitantes, ha registrado en los últimos meses un aumento de llegadas irregulares, lo que ha incrementado la presión sobre sus servicios públicos.
El artículo 102 de la Constitución española establece que el presidente del Gobierno y los ministros pueden ser acusados por traición o delitos contra la seguridad del Estado, pero requiere la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso para su procesamiento. Hasta ahora, ningún Gobierno ha activado este procedimiento.
Fuente: El Debate
