El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, defiende su amenaza de no acudir a las sesiones de control y habla de un «golpe institucional» por el bloqueo de la ponencia.
En la sesión de control de este viernes, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, preguntó al presidente del Principado, Adrián Barbón, si conocía la decisión de su consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, de dejar de acudir a esas sesiones y si la había autorizado. Queipo le exigió que, si no era así, pidiera disculpas a la Cámara.
Barbón replicó que ningún consejero se ha negado a comparecer ante el Parlamento asturiano y aseguró que su Consejo de Gobierno estará siempre sometido al control parlamentario.
La crisis en torno a la ley de Vivienda se cerró el jueves 12, cuando los diputados del PP y de Foro regresaron a la ponencia. Zapico, militante de Izquierda Unida, avisó el martes 10 que cesaría su presencia en las sesiones de control a menos que se reanudara el trámite, y solicitó protección al presidente de la Junta, Juan Cofiño.
Este viernes, Zapico defendió su ultimátum como una «defensa del derecho a la vivienda» frente al «bloqueo» de la derecha y afirmó que lo volvería a hacer las veces que hiciera falta. Recordó que la izquierda alcanzó un acuerdo el 19 de octubre, pero que la ponencia no pudo reanudarse hasta el 12 de noviembre, una situación que calificó de «totalmente anómala» y de «golpe institucional».
El consejero reprochó a Queipo la instrucción, según manifestó, de impedir que sus diputados asistieran a las ponencias, y sostuvo que desconoce si la orden proviene de él o si está «secuestrado» por los sectores más radicales del PP asturiano.
Zapico, de 55 años, explicó que lleva 40 siendo una persona rebelde y que en Izquierda Unida son gente que no se rinde y que da todas las batallas, aunque se piense que puedan estar perdidas.
De ahora en adelante, Zapico espera que la tramitación continúe con normalidad. El lunes habrá una nueva ponencia y, a su juicio, queda ya muy poco: considera que la ley avanza y que es una buena noticia porque permitirá ampliar los derechos de los ciudadanos en Asturias.
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