La ley de la carrera sanitaria de Castilla-La Mancha sigue adelante tras el no a Vox

La carrera se suspendió en 2012 con el Gobierno de Cospedal. El PP no presentó enmienda para «preservar la recuperación» y ya prepara cambios parciales para que alcance a todos los profesionales.

Las Cortes de Castilla-La Mancha rechazaron el jueves, con los votos de PSOE y PP, la enmienda a la totalidad de Vox contra el proyecto de ley que reactiva la carrera profesional del personal estatutario del Servicio de Salud regional (Sescam). El texto sigue así su tramitación parlamentaria. La carrera se implantó entre 2006 y 2007 y quedó suspendida en 2012, durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

El diputado de Vox Iván Sánchez defendió que los sanitarios esperan desde hace catorce años el «pago de un derecho» y reclamó su recuperación «inmediata y retroactiva» desde 2012, con financiación suficiente. Calificó el proyecto de «estafa de la factoría Page» y acusó al Gobierno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de llevarlo al debate «a la vuelta de unas elecciones», tras once años en el poder. Cuestionó además que los presupuestos de 2027 incluyan fondos suficientes, algo que según él señala también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y criticó que el proyecto carezca de memoria económica y se tramite por urgencia.

El diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya acusó a Page de haber «engañado a los profesionales durante más de 11 años y medio» y de usar la carrera como «arma electoral». Recordó que el PSOE votó «hasta en 64 ocasiones» contra su recuperación y que solo cambió de postura tras el acuerdo de abril de 2026 con los representantes de los trabajadores. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno que citó, la recuperación costará 260 millones de euros, frente a los 99 presupuestados.

Moreno Moya indicó que el PP no presentó enmienda total porque pretende «preservar la recuperación», y comunicó que presentará enmiendas parciales para que la carrera llegue a todos los profesionales, sin importar sus grados ni su vínculo laboral.

El portavoz socialista, Ángel Tomás Godoy, defendió que la ley levantará desde el 1 de enero de 2027 la suspensión del reconocimiento de nuevos grados y fijará procedimientos extraordinarios para reconocer los años transcurridos, conforme al pacto con los trabajadores.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, manifestó estar «sorprendido del trilerismo» de la oposición, a la que acusó de pretender impedir la existencia de la carrera para seguir criticando. «La quitaron ustedes, el PP nos la robó», reprochó. Pidió a Vox que no «retuerza» el informe de la AIReF y aseguró que el Consejo Consultivo no hizo ninguna observación esencial. Añadió que la legislación tiene que ser aprobada antes de que finalice el año para que entre en vigor el 1 de enero de 2027.

La legislación también prevé medidas para empleos de difícil cobertura y fija un período de 18 meses para la aprobación de un nuevo modelo, que podría contemplar la incorporación de un quinto grado. El Gobierno regional sostiene que la ley servirá para consolidar la carrera profesional como complemento retributivo.