La resolución de UPN insta al Gobierno foral a presentar informes públicos sobre empleo, servicios y recaudación en marzo y septiembre de 2027. Votaron a favor UPN, Geroa Bai, PPN y Grupo Mixto; en contra, PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin.
La comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución de UPN que insta al Gobierno foral a medir el impacto de la regularización extraordinaria de personas migrantes. Con la iniciativa, los votos favorables provinieron de UPN, Geroa Bai, PPN y el Grupo Mixto, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin se opusieron.
El texto pide al Ejecutivo una primera valoración seis meses después de que termine el plazo para resolver las solicitudes, es decir, en marzo de 2027, y una segunda a los 12 meses, en septiembre de 2027. Según la resolución, ambas deberán presentarse públicamente en los dos primeros meses posteriores a esas fechas.
Según la propuesta, el análisis debe incluir como mínimo el impacto en el empleo: afiliaciones a la Seguridad Social, contratos formalizados por sector y tipo, nuevos autónomos, demandantes inscritos en el Servicio Navarro de Empleo y economía sumergida. También debe abarcar la demanda de cursos y programas formativos, el efecto en otros servicios públicos y en el acceso a derechos como la renta garantizada, los servicios sociales y sanitarios, la vivienda y la escolarización, además de la recaudación de la Hacienda Foral y la diversidad y la riqueza cultural.
Fue rechazado con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Grupo Mixto, y solo contó con el apoyo de UPN y PPN.
En la exposición de motivos, UPN reclama un análisis multidisciplinar del efecto de la regularización, tramitada entre el 16 de abril y el 30 de junio. Según datos oficiales, en Navarra se registraron 14.886 solicitudes, frente a las 1.174.978 presentadas en todo el Estado.
Sigue leyendo
Más sobre este tema
Comentarios