La socimi calcula que podrá recuperar cerca de un 35 % del sobrecoste, pero el consejero delegado, Ismael Clemente, avisa de que el decreto obliga a invertir en baterías y de que Arasur, en el País Vasco, ya está afectado.
Según la socimi Merlin Properties, el real decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar para regular el consumo eléctrico de los centros de datos le costaría 863 millones de euros adicionales en su plan inversor. La empresa calcula que podrá recuperar cerca de un 35 % de esa cantidad con la venta de energía y otras operaciones, de modo que sitúa los costes irrecuperables en 553 millones. El consejero delegado, Ismael Clemente, lo detalló en una reunión con analistas.
Clemente advirtió que, de continuar la normativa, Merlin cesará la creación de nuevos centros de datos en España y dirigirá sus próximas inversiones hacia Portugal. “No es un capricho. “Nos vemos obligados a hacerlo porque existe una diferencia de rentabilidad muy significativa a favor de Portugal”, sostuvo. Esa decisión depende de tres factores: que el Ejecutivo apruebe el decreto de forma definitiva, que no llegue un cambio político capaz de derogarlo y que la compañía fracase en su intento de frenar la norma con medidas cautelares del Tribunal Supremo o con la intervención de las instituciones europeas. Merlin mantendrá, según el directivo, sus compromisos de inversión actuales.
De acuerdo con los cálculos de la compañía, el impacto de la norma equivale a cerca de un 11 % de la inversión total prevista para sus centros de datos. La parte que no podría recuperar supondría alrededor de un 7 % de esa inversión y reduciría en la misma proporción la rentabilidad del programa en su conjunto, aunque Clemente admite que el encarecimiento podría alcanzar entre el 20 % y el 30 %. Esas cuentas parten de que el decreto entre en vigor y siga vigente a largo plazo. «Preferimos prepararnos para el peor escenario», indicó.
El principal origen del sobrecoste está en la exigencia de que el 80 % del consumo eléctrico proceda de renovables con correlación horaria, algo que obligaría a Merlin a invertir de forma considerable en baterías de almacenamiento. Además, la empresa cuestiona el sistema de desconexión previsto, que a su juicio podría forzar a los centros de datos a activar sus generadores de emergencia sin preaviso ni compensación económica.
Merlin se prepara para litigar contra la normativa. Clemente aseguró que pedirá medidas cautelares al Tribunal Supremo y que contempla acudir a las instituciones europeas para frenar el decreto. También reclamará al Gobierno que compense la pérdida de rentabilidad que provoque en inversiones ya comprometidas. «Lucharemos, no por capricho ni por ideología, sino simplemente porque el real decreto nos ha perjudicado significativamente desde el punto de vista económico», afirmó. No precisó qué acciones judiciales emprenderá ni si actuará junto a otras compañías afectadas.
Uno de los proyectos que Merlin considera más perjudicados es Arasur, en el País Vasco, un centro de datos de 48 megavatios cuya obra civil ya está terminada y que se encuentra en fase de recepción de equipos. Según Clemente, se diseñó antes de conocerse las nuevas exigencias y no dispone del espacio ni de la potencia eléctrica necesarios para instalar las baterías sin alterar de forma sustancial el proyecto. «Están destrozando la rentabilidad de algo que de otro modo sería extraordinariamente rentable», denunció, y anunció que reclamará esa pérdida a la Administración.
La compañía ha paralizado temporalmente las fases cuatro y cinco de Arasur por las dudas sobre su suministro eléctrico. Clemente confirmó que Solaria era el proveedor energético comprometido y que estudia con ella una ubicación alternativa en otra zona de España con mayor potencial de autoconsumo. «Todo indica que no estarán en condiciones de suministrarnos la electricidad comprometida en el País Vasco», señaló.
Para compensar parte de esa capacidad, Merlin ha incorporado ampliaciones de potencia en sus instalaciones de Portugal y Madrid, además de un segundo desarrollo en Aragón que permitiría cubrir aproximadamente la mitad de sus necesidades energéticas mediante autoconsumo. La capacidad total prevista de su programa baja así de 724 a 704 megavatios. La socimi también pone en duda el atractivo de los 9,3 GW de potencia eléctrica que el Gobierno planea asignar a los centros de datos, ya que los futuros proyectos quedarían sujetos a las nuevas exigencias. «En principio, viendo nuestros cálculos iniciales, será mucho mejor buscar oportunidades en otros lugares de Europa que desarrollar aquí», afirmó Clemente.
Merlin mantiene además conversaciones con las autoridades portuguesas, que por ahora no contemplan imponer exigencias equivalentes a las españolas sobre correlación horaria y desconexión eléctrica. La compañía, que ha cuestionado la legalidad de algunas disposiciones del decreto y ha destacado las objeciones del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera probable que el Gobierno lo apruebe en las próximas semanas. El Ejecutivo prevé llevarlo al Consejo de Ministros del 17 o del 24 de noviembre, antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Para saber más: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña), Madrid: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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