El dictamen, emitido por unanimidad el 5 de noviembre a petición del Gobierno, advierte de que el arraigo exigido para las ayudas sociales puede discriminar de forma indirecta a los extranjeros y choca con leyes estatales, también orgánicas.
Lo importante
- La ley valenciana establece que el acceso a las prestaciones queda supeditado al arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana.
- El Consejo de Estado considera que la prioridad nacional podría vulnerar la legislación estatal en servicios sociales y en la protección de menores, la violencia de género y la discapacidad.
- Feijóo admitió que exigir la nacionalidad para una ayuda social es ilegal, y Abascal respondió que Vox se presenta para hacerlo legal.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidida por Carmen Calvo, dictaminó el 5 de noviembre que existen «fundamentos jurídicos suficientes» para remitir al Tribunal Constitucional varios preceptos de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat valenciana de 2026. El dictamen se elaboró a solicitud del Gobierno, y el Consejo de Ministros aprobó el martes el recurso de inconstitucionalidad. El conflicto podría extenderse más allá de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
La ley valenciana supedita el acceso a ayudas sociales, a la renta valenciana de inclusión y a la vivienda protegida al «arraigo real, duradero y verificable» en la Comunitat Valenciana, bajo el principio de prioridad nacional. Es una propuesta que Vox quiere extender a toda España en el reparto de subvenciones y programas públicos.
Los miembros de la Comisión Permanente consideran que varias previsiones de la norma «podrían entrar en conflicto con el orden constitucional», entre otras razones porque interpretan que pueden suponer una «discriminación indirecta» de los extranjeros. También señalan contradicciones con varias leyes estatales, incluidas orgánicas, lo que implicaría cambios legislativos importantes si Vox impone a los populares el contenido del acuerdo ensayado en la Comunidad Valenciana y en otras autonomías, en caso de sumar mayoría suficiente.
El primer punto afecta al artículo 132, que establece la prioridad nacional como principio rector general y transversal para acceder a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas del sistema autonómico de servicios sociales. El Consejo de Estado advierte de que ese sistema gestiona también derechos reconocidos por leyes estatales, como la protección de menores, la violencia de género y los derechos de las personas con discapacidad, que no están expresamente excluidos de la prioridad nacional. Según el dictamen, ese carácter general y transversal puede vulnerar la legislación y las competencias del Estado en esos ámbitos.
El segundo punto de fricción está en el apartado sexto del mismo artículo 132. Por iniciativa de Vox, se restringe el acceso a prestaciones sociales estructurales a personas con situación administrativa irregular, limitándolo únicamente a casos de urgencia vital. El órgano consultivo lo contrapone al artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Extranjería, que reconoce a los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, el derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Concluye que ese derecho no se limita a la urgencia vital y que la ley valenciana 5/2026 contraviene en ese punto la legislación estatal.
El tercer reparo alude a la exigencia de un arraigo duradero o prolongado, contemplada en los artículos 43, 44 y 46, así como en los artículos 132 y 140. El Consejo de Estado reconoce que la normativa no contempla de forma expresa ni directa una discriminación de los extranjeros frente a los españoles. No obstante, advierte que un requisito formalmente neutro puede generar efectos desiguales: la exigencia de arraigo se aplica a todos, pero el colectivo extranjero residente en España lo cumple con menor frecuencia, considerándose así una discriminación indirecta.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en una entrevista en un pódcast difundida el viernes que «en estos momentos» exigir la nacionalidad como requisito para conceder una ayuda social es «ilegal». El sábado, durante un acto de campaña en Almería, el dirigente de Vox, Santiago Abascal, declaró que su partido se presenta a las elecciones «para hacer legal lo que hoy es ilegal».
Fuentes y datos: Almería: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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