El nuevo real decreto fija el 90 % de fruta fresca, la mitad de pan y pasta integrales y un plato de pescado al menos dos veces por semana. Las expertas critican que no defina el término ultraprocesado.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto que extiende los criterios de menús saludables y sostenibles a hospitales, residencias y escuelas infantiles de cero a tres años, después de que el decreto anterior ya los exigiera en colegios e institutos. La divulgadora María Hernández-Alcalá sostiene que, sin una regulación concreta, la calidad nutricional de los comedores queda en manos de la libre decisión de cada cocina o de la empresa que lleva la comida, y que eso no siempre beneficia a niños y pacientes.
El texto establece la obligación de reducir los platos con elevado nivel de grasas saturadas, azúcares y sal, y limita a dos las raciones precocinadas que pueden ofrecerse al mes, es decir, alimentos que solo requieren un último proceso de cocción, como frituras, pizzas, empanadillas o lasañas. Los comedores deberán garantizar que el 90 % de las frutas y el 30 % de las hortalizas que sirvan sean frescas y de cercanía. Además, el 25 % de los productos elaborados a base de cereales integrales tendrá que ser de origen ecológico, y la mitad del pan, la pasta y el arroz que se sirvan semanalmente deberá ser integral.
Respecto a las proteínas, los menús deberán incluir, como mínimo, un plato basado en proteína vegetal cada semana, por ejemplo, legumbres o soja. El pescado será el plato principal al menos dos veces por semana, alternando pescados blancos y azules. La norma también introduce cribados nutricionales en hospitales y centros sociosanitarios, con analíticas que determinen el estado de los pacientes que ingresen para adaptar el menú a cada necesidad, y el Ministerio de Consumo propone la figura de un profesional de la nutrición que analice los menús de los comedores colectivos.
En las máquinas expendedoras, al menos el 70 % de los productos deberán ser saludables y ubicarse en las filas de mayor visibilidad. Los cafés se dispensarán sin azúcar por defecto, con un máximo de 5 gramos para añadir.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas ha valorado de forma positiva el decreto, aunque se muestra más preocupada por su aplicación. José Manuel Freire, quien dirige la Comisión de Sanidad y Coordinación Sociosanitaria, destaca la necesidad de articular salud con sostenibilidad y de otorgar importancia a la calidad nutricional de los menús, aunque advierte que resulta esencial crear unidades de Salud Pública que vigilen su cumplimiento. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, la desnutrición entre quienes viven en residencias o están ingresados en hospitales puede alcanzar el 30 %.
Por su parte, la Plataforma de Infancia aplaude la medida de los profesionales de la nutrición y los cribados, y recuerda que había pedido respetar la alimentación responsiva, que consiste en atender a las señales de hambre y saciedad de los menores.
Hernández-Alcalá y su madre, Elena Pérez, ambas profesionales de la bioquímica y la nutrición, que se reunieron con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para abordar la alimentación en estos centros, critican que el decreto no incluya la palabra ultraprocesado. Consideran que, al no definirla, podrían entrar productos aparentemente saludables que no lo son. Hernández-Alcalá advierte además de que muchas etiquetas usan términos como «sin azúcar», «light» o «bajo en grasa» que pueden inducir a error.
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