Entre ellos figuran el gobernador de Tánger-Tetuán-Alhucemas y el prefecto de Policía de Tetuán, según un informe remitido a la jueza María Tardón. El Gobierno de Ceuta reclama explicaciones a Madrid sobre qué sabía y desde cuándo.
La Policía Nacional, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), ha identificado a 18 altos cargos civiles y policiales marroquíes presuntamente implicados en la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El informe se remitió a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si los hechos pueden constituir delitos contra la paz o la independencia del Estado y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Para elaborarlo, el CENIF entrevistó hasta el 29 de octubre a 81 de los inmigrantes que entraron en esos días y formalizó 13 actas de declaración. A partir de esos testimonios, de imágenes, de redes sociales y de bases de datos policiales, dieciocho responsables han podido ser identificados por su cargo o por su nombre; de varios de ellos se desconoce el nombre. Younes Tazi, gobernador (wali) de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, figura entre los señalados, pues las imágenes lo sitúan en Castillejos la noche del 30 de julio, al igual que Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de Tetuán, a quien el informe ve dando instrucciones a mandos policiales durante una de las principales oleadas de entrada.
El CENIF sostiene que policías, gendarmes, miembros de las Fuerzas Auxiliares y personal civil exhibieron conductas de inactividad, guiado y control que, de manera indiciaria, interesan a la investigación. Que distintas estructuras de seguridad coincidieran en el mismo lugar indica, a juicio del centro, un nivel superior de coordinación. Entre los indicios, el informe cita el guiado de personas hacia el cruce a nado, algo que menciona una parte significativa de los testigos entrevistados.
El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, considera que lo publicado reviste «una extraordinaria gravedad». La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, sostiene que «todo apunta a una actuación planificada y coordinada» de las autoridades marroquíes y reclama al Gobierno de España que explique «qué información tenía, desde cuándo y por qué no se trasladó al Ejecutivo local». Pide además una respuesta diplomática firme y que la investigación judicial determine todas las responsabilidades.
El Ejecutivo ceutí asegura que conoció los detalles por los medios de comunicación y plantea que, de confirmarse los indicios, la actuación tenga consecuencias en las relaciones bilaterales con Marruecos. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación, y corresponde a la magistrada Tardón determinar el alcance de los indicios y las posibles responsabilidades penales.
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